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“No hay mal que por bien no venga” y uno de los pocos bienes que, el intento de crear un nuevo estado por parte del separatismo catalán, nos ha traído, ha sido sin duda el poner en evidencia la admiración y cariño del ciudadano normal con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía, al mismo tiempo que poner otra vez sobre la mesa el agravio comparativo entre su situación profesional, no solo el sueldo, entre ellos y los cuerpos autonómicos, dónde cada autonomía ha ido, como en casi todo, por libre.

Más de 25 años de desigualdad claman al cielo y,  ya más en la tierra, claman a las Cortes Generales y a los diversos gobiernos: Una brecha de 600 euros brutos al mes, más desigualdades en el trato de las horas extras, asistencias a juicios en días libres, pagas extraordinarias, abandono de los 15.000 compañeros de Segunda Actividad y reserva y, sobre todo, merma clara en la jubilación, hacen que España trate fatal a los que nos defienden. El Gobierno se ha comprometido a la equiparación salarial, pero parece que se ha confundido en las cifras,  ofrece en tres años unos 800 millones (1.100 con la subida del 8% de todos los funcionarios, que también tendrán el resto), cuando hacen falta unos 1500 (sin la subida). No solo es dinero,  es ser justo con aquel que por nosotros deja el pellejo cada día.

No entiendo nada. Cuando todos los partidos ponen el grito en el cielo por la brecha salarial hombre mujer, ¿tiene sentido que la brecha entre una y otra policía, que si depende de los políticos, siga abierta? ¿Alguien me lo explica?