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A falta del Senado y el trámite definitivo del Congreso, este martes, se ha aprobado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Comisión de Justicia del Congreso, con la finalidad de garantizar el derecho a la propiedad de los particulares y las administraciones públicas. La propuesta es de la antigua CiU y ha contado solo con lo que, simplificando, calificaríamos de los votos de la ‘derecha’; la izquierda, PSOE, Podemos y ERC, han dicho que nones. La modificación pretende «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento” y  el estableciendo de un procedimiento agilizado, lo que ahora llamamos express,  para que el desalojo se produzca en menos de 20 días. El nuevo protocolo solo afectará a viviendas pertenecientes a personas físicas, a entidades sociales y a las de administraciones públicas, para así dejar fuera fundamentalmente a los llamados ‘fondos buitres’ y otros ‘miserables especuladores’, estableciendo, una vez más, la gilipollez filosófica de clasificar los okupas, según el damnificado, en buenos y malos. Realmente la cabeza de nuestros legisladores  tiene un problema que no tenían ni los griegos de la época de Aristóteles y mira que han pasado años.

Un país que de hecho admite la ocupación primando al okupa, hasta tal punto que se han creado empresas de éxito que desocupan y que hasta se publicitan, es una vergüenza como democracia de occidente y probablemente de oriente y del sur y del norte, y cuando para resolverlo, después de años y años de conflicto, medio parlamento sale por peteneras y no mueve un dedo, tiene un problema de difícil arreglo. Sin propiedad privada no hay democracia, hay la ley de la selva.

No entiendo nada. Si un estado no protege la propiedad privada, ¿qué coño protege?¿Alguien me lo explica?