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A falta de concretar en una ley, la buena noticia es que el Congreso ha aprobado el informe relativo al régimen y financiación de los partidos políticos, y la mala es que esta aprobación no ha gozado de unanimidad de tal manera que ha sido votada a favor por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, el voto en contra del PP y la abstención de todos los demás: PDeCAT, PNV, ERC, Bildu, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

No deja de ser negativo que, ante el hecho absolutamente contrastado de que mucha de la corrupción imperante en la política española va ligada a la financiación de partidos, estos no sean capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en unos mínimos. Da la sensación de que también en esto, cada uno barre para si mismo, sin abundar en los controles de aquella financiación que le pueda ser más propicia. Una vez más su solución pasa por la financiación del Estado con todas las vías posibles, ahora incluyendo hasta las ‘primarias’ subvencionadas.

Como cuestiones que si parece van en la buena dirección, está un mayor control de las Fundaciones de los partidos, endurecer la regulación contra conductas irregulares y, sobre todo, establecer la responsabilidad patrimonial sobre cargos públicos u orgánicos. A la vez se propone reformar el Tribunal de Cuentas dotándole de más competencias e independencia. Si todos quisieran esto no se acaba, pero si disminuiría a lo bestia.

No entiendo nada. Si hecha la ley, hecha la trampa, ¿no será mejor legislar menos y crujir más al que se la salta? ¿Alguien me lo explica?