Iguales ante la Ley


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El juez Castro en el auto de apertura de juicio oral, como era de esperar dado que siempre ha actuado en el mismo sentido, ha imputado a la Infanta como cooperadora necesaria por dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido Iñaki Urdangarín. El auto no es apelable, no cabe recurso, aunque sí pueden los acusados reproducir ante el tribunal de la Audiencia de Palma que les vaya a juzgar las peticiones que consideren no atendidas. Es entonces cuando probablemente sus abogados vuelvan a invocar la ‘doctrina Botín’ que Castro ha desestimado por considerar que las causas contra el fisco afectan al interés general, y por tanto solo cabe aplicar la llamada ‘doctrina Atutxa’ que sí permite enjuiciar a una persona con la única petición de la acusación popular.

Para mí lo más sorprendente no es que el juez desestime la ‘doctrina Botín’ sino que vaya a juicio como imputada y nadie más, ni el fiscal, ni la abogacía del Estado, ni la Agencia Tributaria, la acusen. Cuando estalló el caso Urdangarín, multitud de próceres del derecho me comentaron, a la luz de lo que se sabía, que lo único punible serían los delitos fiscales, si los había. Lo demás, me decían, es muy difícil de valorar y por tanto de probar y juzgar: La vida es muy rica y la valoración de un personaje promocionando instituciones no es fácilmente tasable. Pienso que todo sigue igual y que por tanto la condena, si la hay, será sobre cuestiones fiscales y poco más.

No entiendo nada. Por culpa de Urdangarín y otros muchos personajes que desde la política han creado una gran sombra de duda sobre la extensión de la corrupción en España, la sociedad ha dicho basta y está dispuesta a manifestarlo en clave electoral. ¿Hemos de entender que el rechazo a este clima y su reacción popular es lo que ha hecho que últimamente parezca que la justicia cae con menos contemplaciones sobre estos personajes? ¿Alguien me lo explica?


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