Hace algún tiempo diversos amigos del País Vasco me comentaban el chollo que suponía para algunos emigrantes la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) en su comunidad. No era extraño conocer a personajes que estaban en el Euskadi para vivir del cuento. Curiosamente el alcalde de Vitoria, en nombre de muchos ciudadanos de esta ciudad, ha puesto el grito en el cielo y ha empezado a denunciarlo y a actuar. Lo primero que ha hecho es eliminar del padrón municipal 3.000 empadronamientos falsos, lo segundo es denunciar la situación, lo tercero es poner ejemplos –el más sangrante es el de un receptor de la RGI yihadista muerto en Siria que siguió cobrando la ayuda hasta seis meses más tarde. Su última acción ha sido la de recoger firmas en Vitoria con el fin de presentar al resto de partidos una problemática que escandaliza a la calle.

Par situar el tema diré que la RGI es una prestación económica mensual –puede llegar hasta 1.170 €- para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral, el programa esta dotado con 281.400.000 €. Para solicitarla se exigen tres años de empadronamiento y según estudios el fraude, en el sentido de pedir la ayuda y no buscar una salida laboral, según el sentir de la población y las palabras del propio alcalde, se da especialmente en el colectivo marroquí y argelino. Ayudas, sin duda; pero de abusar: nada

Evidentemente la cuestión, como tantas otras, se presta a demagogia y es posible que al especificar nacionalidades el alcalde haya metido claramente la pata, pero acusar de xenófobo a un alcalde por denunciar esta situación sin duda sí es demagogia de la peor calaña.

No entiendo nada. ¿Tiene sentido que por ser políticamente correctos los partidos, las instituciones y sus responsables traguen con tanto fraude en ayudas? ¿Alguien me lo explica?