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Ayer se convalidó, por la Diputación Permanente del Congreso, el Real Decreto Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, conocido como “Ley Corcuera digital” o también “155 digital”, que más adelante se tramitará en forma Proyecto de Ley. Lo más asombroso del caso fueron las votaciones y, más en concreto, la explicación de voto que dio a entender que tanto al PP como a Ciudadanos “se la metieron doblada”. El Decreto adopta “medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones” y al socaire de querer frustrar la llamada “república digital catalana”, nos iguala a China, Arabia Saudí y Turquía en el modo totalitario de administrar Internet. Basta un párrafo del artículo seis del capitulo cuarto, para hacerse una idea de lo que el PP y Ciudadanos se han tragado: “El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Cualquier régimen totalitario celebraría semejante control social sin orden judicial.

El PSOE lo ha propuesto, Podemos se ha abstenido por el compromiso verbal del Gobierno de que, en su tramitación final, habrá control de la justicia; PP y Ciudadanos, como suele pasar, chupándose el dedo se la tragaron con patatas y votaron a favor, a VOX, que votó en contra por atentar derechos fundamentales, no se la cuelan y los demás, que también se opusieron con su voto al ver peligrar su poder desde las autonomías, han mezclado cuestiones de fondo que comparto, denunciando por totalitaria, antidemocrática y anticonstitucional la medida, a la par que se defendían y desenmascaraban la injerencia gubernativa en el conflicto catalán por vía de decreto urgente.

No entiendo nada. Ante una medida tan totalitaria PP y Ciudadanos, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Alguien me lo explica?