El hecho es que el gobierno alemán de Angela Merkel ha presentado un proyecto de ley, que deberá ser ahora ratificado por el Bundestag, donde establece que los altos ejecutivos bancarios y de compañías aseguradoras podrán ser demandados por la vía penal si llevan a sus empresas a una situación crítica por incumplir sus obligaciones en la gestión de productos de alto riesgo. Las penas que se contemplan en el proyecto llegan hasta los cinco años de cárcel.

A mi no me gustan nada los estados superlegislados. Es más, pienso que pocas leyes y claras son lo mejor. Para mí los parlamentos deberían dedicar una buena parte de su trabajo en reducir leyes simplificando las normativas. Donde habría que esmerarse es, desgraciadamente, en actualizar constantemente el código penal. La imaginación delictiva del personal es todopoderosa y, ya me fastidia, los malos no paran de trajinar y son de diez en lo suyo. El objetivo de un código eficaz es muy fácil: nunca debe compensar el delinquir: si te llevas diez, pagas veinte.

Curiosamente mientras seguimos fabricando leyes y decretos hemos dejado impunes los nuevos delitos que han causado o han nacido alrededor de la crisis que nos machaca. Es del todo necesario que los que toman decisiones que al final nos afectan a todos: políticos, banqueros, organismos reguladores y demás, tengan claro que a más poder más responsabilidad y que esta se asume y se paga por ello cuando no se está a la altura. Alemania se ha adelantado. Convendría seguir sus pasos.