A partir de la resolución del Tribunal Constitucional de suspender la Ley de consultas y la convocatoria del 9 de noviembre, la cosa cambia: hay línea roja. La desobediencia es delito y obedecer es olvidarse del tema, esperar la resolución definitiva y no hacer nada. ¿Obedecerán? Eso espero. Y, ¿si no obedecen? ¿Tendrá el gobierno de España el cuajo suficiente para defender la legalidad? Temo la situación.

Me preocupan tres ámbitos distintos: el legal, el político y la calle. Del legal, ya hemos hablado. Del ámbito político ya hablaremos, hoy por hoy todos apelan al diálogo, incluso el PSOE insta a sentarse en una mesa.

La calle me preocupa ahora más. Lógicamente los miles de catalanes que, azuzados por su sentimiento y por los políticos independentistas, ahora ven que de lo dicho nada, deben disponer de un cauce para digerir el desánimo. Los partidos pro consulta han convocado multitud de manifestaciones frente a los ayuntamientos catalanes; si lo hacen para canalizar ordenadamente el descontento, tienen todo mi apoyo; si las han convocado para ganar en la calle lo que la legalidad les niega, estarán jugando con fuego y, ellos y mucha más gente, se quemarán de seguro.

No entiendo nada. Si el futuro de las naciones de Europa es la UE con todo lo que ello supone, ¿no sería más lógico gobernar para hacer, cada uno del territorio sobre el que actúa, un espacio de libertad y progreso para que, al unirnos, las diferencias en desarrollo y riqueza fueran las mínimas? ¿Alguien me lo explica?