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La situación vinculada a la gestión política de la pandemia del COVID19 sólo puede calificarse de desastrosa en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No hablaré hoy de la falta de material de protección sanitario y todas las derivaciones incomprensibles en un estado occidental.
Me centrare en la injerencia política total en la cúpula de mando de la Guardia Civil. Se ha destituido discrecionalmente a profesionales con hojas de servicio intachables, han dimitido mandos del máximo nivel, se ha mentido descaradamente a la opinión pública sobre los motivos y finalmente: se judicializaran estas intromisiones ilegítimas del poder político en una de las instituciones del Estado más respetadas por la sociedad. Y aquí subyace el interés real de la injerencia política, en la desestabilización continua de las instituciones del Estado por parte de los políticos en el Gobierno para imponer su control. La clase política, ha potenciado, durante décadas, una estructura piramidal en las cúpulas policiales que les permite controlarlas fácilmente al sustituir a un mando policial por otro afín. La reciente crisis interna en la Guardia Civil evidencia que siempre los habrá dispuestos a coger el relevo obviando los principios de mérito y capacidad que no les son favorables. Pero hay que reconocer que nunca hasta la fecha había sido tan evidente para la opinión pública. Espero y deseo que la absoluta falta de ética o principios básicos de gestión que ha demostrado la injerencia política en la Guardia Civil nos sirva para rediseñar legislativamente las cúpulas de los cuerpos policiales, dificultando la injerencia política en beneficio de los principios de mérito y capacidad. Eliminar las plazas de libre designación sustituyéndolas por una cobertura procedimiental regulada, objetiva y abierta a tod@s. Así como para crear legislativamente una policía judicial que auxilie al poder judicial sin estar sometida a las manipulaciones interesadas del político de turno y sus peones en las cúpulas policiales