Solo el uno por ciento


No entiendo nada. Este miércoles ha comparecido en la Comisión de Justicia el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Entre las informaciones que ha aportado destacan las referentes a la fiscalía anticorrupción y al número de asuntos en trámite de casos que hacen referencia a partidos políticos. Los datos hablan por sí solos y vuelven a situar en primera página la necesidad ya comentada del famoso “que alguien haga algo”.

 El fiscal -supongo que impresionado por el contenido de la información que trasladaba a los miembros de la comisión- se ha apresurado a afirmar que “no llega al 1% el número de los responsables públicos de este país que en toda su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal”. Otra de las perlas de la sesión ha sido el comentario del parlamentario de ERC, el ya famoso Juan Tardà, que ni corto ni perezoso ha exclamado: “Nunca hubiera dicho que la izquierda era más corrupta que la derecha”.

 El total de las 730 causas abiertas se reparte en el siguiente vergonzoso ranking: 264 afectan a militantes del PSOE, 200 a militantes de PP, 43 afiliados de CC, 30 pertenecientes a CiU, 24 al PA, 20 de IU, 17 del todavía activo GIL, 7 de UM, 3 del BNG, 3 del PNV, 1 de ANV y otro de EA. Las conclusiones son obvias: en todas partes cuecen habas, aunque en algunas más que otras, y un 1% es un porcentaje bajo, pero no es un uno por ciento cualquiera. Es el uno por cien de aquellas personas que avaladas por un partido político, tienen los redaños de presentarse a unas listas y ser escogidos para gobernar a los demás, jurando o prometiendo la Constitución. Son pocos pero, sin duda alguna, demasiados.

 Hace unos días pregunté a unos 600 políticos en activo por medio de correo electrónico lo siguiente: “¿Alguna medida concreta para frenar la corrupción en el ámbito político?”. A fecha de hoy me han contestado algo más de un 1%, y de sus respuestas –que he reflejado integras en la pestaña de mi blog “Lo que de dicen”-, extraigo como punto de partida sugerido por varios de ellos “aplicar la ley”, “hay mucho y legislado”, “que el peso íntegro de la ley caiga sobre el condenado” o “promover ya cambios en la legislación”, cosa que, curiosamente, pueden -y solo pueden ellos- hacer sin más dilación, con consenso y, sobre todo, con valentía.

 Entre las medidas que me parecen más novedosas y claras destaco las siguientes:

 María Caballero, senadora de UPN: “Prohibir las donaciones económicas para su financiación y también que los bancos o cajas puedan condonarles las deudas”.

 Manel Mas, diputado del PSC: “Creación por parte de los partidos políticos de un departamento de asuntos internos, como tienen los cuerpos policiales serios de todo el mundo, para supervisar a sus cargos orgánicos e institucionales”.

 Mercè Pigem, diputada de CiU: “Abrir las listas y vincular al político a la ciudadanía que le vota”.

 María Antonia Trujillo, diputada del PSOE: “Publicar en el BOE los bienes y actividades detallados de los cargos electos y altos cargos, antes, durante y después del mandato”.

 Carles Bonet, senador de ERC: “Prohibir que los partidos se financien con los sueldos de los cargos electos e institucionales y de las subvenciones de los grupos parlamentarios. Impedir que en las instituciones se coloque a personal que no dependa -exclusivamente- de la institución. Facilitar una relación más clara entre elegidos y electores. Pienso que un buen modelo de listas es el modelo híbrido alemán: una lista de circunscripción y una lista de partido. La ideología debe continuar siendo el alma de la política y son los partidos los que la articulan. Del mismo modo que se demanda hacer público el patrimonio de los políticos, habría que hacer también público los curricula –veraces- de los candidatos”.

 Juan Carlos Aparicio, diputado del PP y alcalde de Burgos: “Revisar los criterios de selección de las personas a las que pueden encomendárseles responsabilidades futuras. Una mejor selección del personal reducirá los riesgos”.

 Jesús Quijano, diputado del PSOE: “Limitar en la legislación del suelo la discrecionalidad municipal en la aprobación de recalificaciones”.

 Espero más respuestas que les iré comentando. No entendería que esperáramos a otros escándalos para seguir mareando la perdiz y no hacer casi nada.


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