Conversación tranquila de @jmfrancas con Gabriel Araújo (@GabrielAraujoES). Perito en informática forense y documentoscopia por la UNED. Auditor de Sistemas CISA por el ISACA. Hacker Ético CEHv7. Máster CIFD de la Asociación Europea de Investigadores Digitales Forenses. Secretario General de la Asociación de Peritos Judiciales Informáticos ANTPJI.

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JMF: Hace tiempo que tu y otros venís alertando de la posibilidad de fraudes electorales en el sistema de votaciones español. ¿Sigues pensando eso?

GA: Lo que es evidente por la cantidad de pruebas que he podido recopilar en éstos últimos 2 años en los que ha habido las 3 citas electorales posibles en España (municipales y autonómicas 28M, generales 23J y europeas 9J), es que el sistema electoral español no es íntegro porque no se respeta la LOREG. Además es un sistema que no admite ningún tipo de transparencia, auditoría o control externo. Es un sistema cerrado y opaco, justo lo contrario a lo que recomienda el Parlamento europeo en su resolución del 30 de junio de 2023.

JMF: ¿No se respeta la LOREG?

GA: No se respeta la LOREG porque no se realiza el escrutinio general tal como obliga esta ley orgánica de obligado cumplimiento, que dice que al quinto día de celebrarse la votación, deben abrirse todos y cada uno de los sobres con las actas electorales y realizar el sumatorio. Me han enviado apoderados e interventores, muchos vídeos de magistrados confesando que ellos no hacen el escrutinio porque dicen ellos que no hace falta abrir los sobres con las actas electorales, ya que el resultado se lo da el sistema informático de Indra. Además al ir a fotografiar las actas para hacer un escrutinio paralelo, me he encontrado con la mayoría de sobres sin abrir, como es el caso de Ávila o en el caso de Navarra, que más del 90% de los sobres electorales estaban sin abrir. Tampoco se  cumple la LOREG cuando en medio de un escrutinio, de repente incorporan cajas con votos como ocurrió el 28M en Asturias, que el resultado estaba muy ajustado y finalmente gracias a la introducción de esta caja con votos, el socialista barbón se hizo con la presidencia del Principado de Asturias. Al ingresar esta caja de Correos con 580 votos CERA (el voto de los españoles en el exterior), se desalojó al público y a la prensa de la sala y ningún partido político protestó impugnó ese recuento. De todo esto tengo las pruebas.

JMF: Pero si no se cumple la ley, se podrá denunciar al que se la salta ¿no?

GA: La impugnación de los procesos electorales la propia LOREG la sitúa únicamente en el entorno de los partidos políticos. La ciudadanía no puede impugnar ningún acto electoral. Lo único que pueden denunciar, son delitos electorales que hayan presenciado los ciudadanos, pero resulta que en los escrutinios se prohíbe grabar y sacar fotografías, así que cuando los ciudadanos han ido a denunciar, les han archivado las denuncias por falta de pruebas. Es todo muy diabólico porque los magistrados denunciados son los que al final también deben conocer de las propias denuncias tramitadas en su contra. Todo esto es culpa de que España es uno de los pocos países del mundo que no tiene un poder electoral. La mayoría de países tienen cuatro poderes claramente independientes: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el poder electoral. España no tiene un poder electoral y la Junta Electoral Central es un órgano totalmente intervenido por el poder político, que incluso elige a sus representantes y las oficinas están dentro del Congreso de los Diputados, es decir, sometidos al poder político. Luego hay otras circunstancia que los españoles nunca se han planteado, y es que cómo es posible que las elecciones sean gestionadas por el Ministerio del interior, dependiente del gobierno, y por tanto con intereses específicos en el resultado electoral. Yo he presentado ante la Junta electoral central todas las pruebas de estas graves irregularidades y me han contestado que ellos no tienen competencia para conocer de ellas.

JMF: Si solo pueden impugnar los partidos políticos. ¿Lo hacen?

GA: No lo hacen e incluso como ocurrió en el 2019, tanto PP como Vox solicitaron la condena en costas de una asociación que había impugnado las elecciones. En las elecciones europeas únicamente y Iustitia Europa impugnó las elecciones y llevó este proceso hasta el final. De momento está pendiente de resolución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta asociación se había presentado como partido político y por eso pudo impugnar las elecciones.

JMF: Si son los damnificados, al menos el que resulta perjudicado, ¿porque lo acepta?

GA: Porque la decisión de impugnar las elecciones corresponde a la cúpula de los partidos, y ellos ya tienen sus escaños asegurados. Y también porque hay cierta comodidad desde la oposición. Los dirigentes de la oposición cobran un sueldo similar al de presidente del Gobierno y pueden criticar sin ninguna responsabilidad de gobierno. Además reciben jugosas subvenciones que desvían a través de fundaciones y otras organizaciones que canalizan ese dinero público. En este momento la oposición en España presenta la pereza de la oposición venezolana en el año 2004-2005. Aunque últimamente se está escuchando tanto a PP como a Vox muy preocupados por la integridad electoral.

JMF: ¿Has podido comprobar si de haberse cumplido la LOREG hubiera habido resultados electorales distintos?

GA: No porque para ello hay que hacer un escrutinio paralelo con todas las actas, y las Juntas Electorales Provinciales, nos han negado el acceso a las actas electorales a pesar de ser un documento público. Tras recurrir al Consejo de Transparencia sí nos han dado acceso a las actas después de muchísimos meses de tramitación, así que el proceso de verificación electoral en España, es absolutamente imposible por ser altamente burocrático y con clara intención de desanimar a la ciudadanía en su interés por la transparencia electoral. Otra circunstancia que no se comprende, es que en España no se publiquen las actas electorales, al igual que en Venezuela. Cuando a través de la aplicación infoelectoral el representante de la Administración con la tablet de Indra sube los datos electorales el domingo de votación, también sube una fotografía del acta y los campos numéricos rellenados para cada partido. Si el Ministerio del interior quisiera, podría perfectamente publicar esas actas y erradicar cualquier duda sobre el proceso electoral. Pero no lo hace, ¿por qué?

JMF: Si cabe un pucherazo. ¿Cómo evitarlo?

GA: Yo no digo que haya pucherazos porque no lo sabemos y esa duda es precisamente el problema de la falta de integridad electoral. Tenemos que tener la certeza de los resultados electorales que son aquí como un dogma de Fe, pero lo único cierto en este tema, es que cada uno de los escaños del Parlamento no están respaldados por un proceso acorde a derecho. Por consiguiente y a tenor de lo que ocurre en un procedimiento administrativo, el acta de Diputados del Congreso es nulo de pleno derecho, porque el proceso ha estado totalmente viciado en todas su fases. Los resultados solo se pueden verificar por medio de la realización del escrutinio general abriendo todos los sobres y realizando el sumatorio, tal y como ordena la LOREG, y que ese proceso sea transparente y auditable por la ciudadanía. Además debería transmitirse por Internet, como hace por ejemplo el condado de Los Ángeles, que tiene cámaras en todo el recinto electoral y transmite por internet el recuento de votos. En España debería implementarse un escrutinio paralelo por parte de la ciudadanía, con las actas que publique el Ministerio interior, que reitero, no debería tener competencias electorales al tener intereses contrapuestos con el resultado.

JMF: ¿No cabe que un ciudadano o un grupo denuncie a la justicia ordinaria el incumplimiento de una ley orgánica?

GA: No existe un procedimiento administrativo o contencioso de denuncia electoral. Solo cabe la jurisdicción penal para denunciar delitos electorales, que ni más ni menos es lo que aquí ocurre. El artículo 140 y subsiguientes de la LOREG, establecen que lo que hasta aquí he relatado son constitutivos de delito. Pero esto es una especie de tabú que ni siquiera las acusaciones populares se atreven con ello. No obstante en estos dos últimos años creo que hemos avanzado muchísimo en materia de transparencia electoral, y ya hay muchísimos procesos judiciales abiertos como es el caso de la compra de votos, el fraude en el voto por correo, etc.

JMF: Hay un rumor sobre INDRA y el interés del gobierno por dirigirla. ¿Hasta qué punto puede afectar al resultado electoral la actuación de INDRA?

GA: No hay ningún rumor. Indra está participada en un 28% por la SEPI que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado. Y también son conocidos los movimientos dentro del Consejo de Administración de Indra, donde el gobierno ha puesto a algunos de sus más fieles representantes. Prisa también tiene participación en Indra. Esta circunstancia agrava lo ya apuntado en referencia a la intervención del Ministerio del interior, que añadida a la participación de Indra que es una empresa fuertemente intervenida por el Estado, también con específicos intereses en el resultado electoral, todo ello hace que el resultado de esta ecuación sea absolutamente preocupante y comprometedor con la transparencia electoral. En este punto hagámonos una pregunta: ¿Por qué una empresa armamentística como Indra que maneja contratos de miles de millones con lo más importantes países del mundo, se presenta a un proceso electoral en el que «solo» cobra 11 millones por cita electoral? Esto es una miseria al lado de los contratos que suscribe Indra. ¿No será que para suscribir esos contratos mil millonarios, le interese participar en el proceso electoral en el que pueda tener influencia? El gobierno de Sánchez acaba de darle un préstamo a Indra y a las UTE en las que participa, de más de 6.500 millones. Hay aquí un claro conflicto de intereses. Adicionalmente Indra ha sido condenada en España por estafa y fraude al Estado, en una sentencia de la Audiencia Nacional durísima, que la acusa de haber formado un «cártel de la informática» con el fin de estafar al Estado con contratos amañados. Por tanto, estamos ante un escenario absolutamente esperpéntico en el cual el Estado participa un 28% de una empresa que se dedica a estafar al propio Estado. Y encima a esa empresa estafadora, se le da la responsabilidad de gestionar informaticamente las elecciones. Es poner a un lobo cuidando de las ovejas. Es un absoluto despropósito.

JMF: ¿Te temes lo peor?

GA: Por mi parte lo único que digo es que España está viviendo el mismo proceso que ha vivido Venezuela. Es la misma agenda y los españoles están muy tranquilos porque creen que la Unión Europea les va a salvar de terminar como Venezuela. Esto no lo sabemos con certeza porque la Unión Europea claramente está poniendo trabas al sector primario español, impidiendo el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, en favor de otros países como Marruecos, que vende en Europa más productos que España, sin ser socio. De lo que sucederá en el futuro depende claramente del movimiento ciudadano y de que los partidos políticos con opciones a representación en el Parlamento, acometan estos problemas de una vez, y se dejen de retóricas y de políticas tuiteras.

JMF: Pero Venezuela si tiene autoridad electoral y le va de pena…

GA: El problema de Venezuela no es tener o no una autoridad electoral, sino que lo que ha ocurrido ha sido un golpe de Estado en el sentido de que Nicolás Maduro no ha reconocido el verdadero resultado electoral y adicionalmente en el tribunal electoral son todos acólitos del régimen chavista que van a proclamar el resultado que les diga Maduro. En términos estrictamente técnicos, en Venezuela no ha habido un fraude electoral porque no hubo una modificación fraudulenta de la voluntad popular, sino que ha habido un golpe de Estado.

JMF: Lo decía porque el tener una ‘autoridad electoral’ no garantiza nada si el que manda es un autócrata listo y sin escrúpulos y la oposición esta a verlas venir y esperar la alternancia…

GA: El tener una autoridad electoral sí garantiza una integridad electoral, siempre y cuando dicha autoridad no sea colonizada por el poder político, ya que por esa regla de tres, podríamos decir que tampoco sirve de nada tener un Tribunal de Cuentas o un Tribunal Constitucional, como ocurre en el caso de España, que el Gobierno de Sánchez tiene colonizadas todas las instituciones del Estado que deberían ser independientes. Por eso digo que la agenda que se está cumpliendo en España, es idéntica a la que se implantó en Venezuela, en el sentido de politizarse y colonizarse desde el Gobierno todas y cada una de las instituciones del Estado, las cuales deberían ser todas independientes y regidas por un criterio ético de transparencia y garantía del Estado de Derecho.

JMF: Es que un Tribunal de Cuentas y un Constitucional colonizados son un problema antes que una solución… habría que haberse plantado a las primeras de cambio provocando una crisis total…

GA: Recordemos que Cándido Conde-Pumpido es presidente del Tribunal Constitucional porque PP y PSOE se pusieron de acuerdo en ello. El PP votó a favor de la candidatura de Cándido Conde-Pumpido del que ahora tanto se queja.

JMF: Y Cándido poco ha cambiado… Los cándidos fueron los del PP que negociaron ambos tribunales…

GA: PP y PSOE no tienen ninguna intención de despolitizar la justicia ni las instituciones del Estado. Ambos se han alternado en la implantación de la grave crisis institucional y déficit democrático que presenta el Estado español, incluso la quiebra técnica económica que presenta España en estos momentos.

JMF: Con ese panorama mal futuro tenemos. Mil gracias Gabriel, seguimos en contacto que hay tema, un abrazo.

GA: A las órdenes siempre, un abrazo.