En los últimos días, muchos son los temas de los que «no entiendo nada», en muchos de ellos probablemente es porque me falta información, el periodista no debe saber de todo, aunque demasiadas veces muchos escriben como si supieran, debe el transmitir la realidad preguntando a los expertos para no meter, al menos en demasía, la gamba.
Es por ello que, amable lector, agradeceré cualquier información que amplíe con objetividad mis conocimientos.
La cuestión que nos ocupa es la del atunero ‘Alakrana’. La información que tenemos, a día de hoy, nos dice que el pesquero está secuestrado, que dos de los secuestradores están detenidos y reclamados por Garzón y que la vicepresidenta, la ‘vice’, afirma que «el gobierno hará todo lo que este en sus manos» para conseguir la liberación del atunero y, yo añado, supongo que también de los «atuneadores». Bien, esto consuela, pero cabe decir de una parte, que ¡solo faltaba¡ y, de otra, que visto lo visto, es su mano, las manos de este gobierno, hay muy pocas cosas.
Sé que por el Golfo de Adén pasan anualmente casi 30.000 buques, que el número de ataques anual sobrepasa los 100 y el número de secuestros anual ronda la cincuentena. Me cuentan que el primer precedente, en la era actual claro, fue el secuestro del atunero gallego Albacora IV en abril de 2002, que se resolvió con el pago de un rescate, hablan de 250.000 euros. ¡Ya ha llovido!.
Desde entonces, la cifra de secuestros ha ido en franco aumento y la cifra de pagos de rescate, como no podía ser de otra manera, también se ha ido incrementando. Después de un secuestro frustrado en 2005, el del atunero vasco Playa de Aritzatxu, y ya durante el 2006 se plantearon en el Congreso medidas para la protección de la flota que faena en el Indico. En aquel momento el Gobierno se volvió de espaldas. No es hasta después del secuestro del Playa de Bakio, cuyo coste de rescate fue de unos 766.000 euros, notable subida, que el gobierno se pone las pilas. España junto con Francia promueven dentro de la UE el plan «Operación Atlanta», solución multilateral, muy propia de la nueva era, de protección de los pesqueros de la UE que faenan en estas aguas próximas al paraíso del caos llamado Somalia. El coste de tal operación en palabras de la propia ministra de defensa está entre «3,7 y 5,1 millones de euros mensuales». Objetivo del plan, «la protección de nuestros intereses pesqueros».
Llegamos a la actualidad, donde un pesquero con bandera española y al que el movimiento, natural por cierto, de los atunes «obliga» a salir de la zona de protección, es apresado. Cae en las garras de los piratas y ahora todos a correr. El Gobierno habla, como he dicho, de hacer todo lo posible, hay quien interpreta que esto se resume en pagar el rescate, pero también por boca de la ministra de defensa nos dice que el que quiera correr «riesgos añadidos», supongo que será perseguir a los atunes dónde están, adopte «todas las medidas de autoprotección posibles» tales como vallar el barco, colocar cañones de agua, sirenas de alto voltaje, y llevar seguridad privada a bordo, y como no, repercutiendo estos costes al precio del atún.
Preguntas del que no entiende: ¿Un ciudadano español tiene derecho a ser protegido fuera de la parte española de la península ibérica, las islas Baleares, las Canarias, Ceuta y Melilla? ¿Es territorio español un barco? ¿Es territorio español un barco privado? ¿Es territorio español un barco privado si no lleva pabellón español?. Si pagamos la friolera de 3,7 a 4,5 millones de euros por la «operación Atlanta», este coste se repercute en todos los barcos que, usando de esta protección, deambulan por el mar sometido a la misma. En el caso de que este coste no fuera pagado a escote por los usuarios y teniendo en cuenta que la mayoría de expertos afirman que la única solución es llevar a gente armada a bordo; recordemos que el ministerio del interior autorizó incorporar seguridad privada a bordo y el uso de fusiles de largo alcance; también se hace necesario recordar que según nuestra ministra de defensa el ordenamiento jurídico español no permite que haya infantes de marina en los buques, curiosamente esta es la solución adoptada por Francia e Italia con, según parece, buenos resultados. Este es un buen ejemplo de «triquiñuela política», pues la ministra no dice que, ante una propuesta del PNV en el Congreso para modificar esta cuestión, fue el PSOE, titular del ministerio, entre otros el que se opuso a posibilitar la presencia militar en los barcos. Sabido esto: ¿Por qué el atunero no llevaba seguridad privada, cuyo coste se estima de más de 55.000 euros al mes? ¿Por qué no pueden los infantes de marina defender desde el buque? ¿Es inmodificable el ordenamiento jurídico que impide tal cuestión? ¿Deberían ser soldados profesionales de nuestro ejercito los que subieran a bordo a cuenta del erario público? Si el argumento es que la seguridad de un privado, que hace negocio particular, debe ser costeada por el mismo haciendo repercutir el coste sobre el producto, lo cual perece no solo lógico, sino justo. ¿Este criterio debe mantenerse en todos los casos? ¿Por qué los barcos que hacen la ruta de la península a Baleares llevan dotación de policia nacional, si son privados? ¿A la larga, saldrá más barato al estado ser rácanos en el gasto de prevención y ser generosos pagando los rescates?.
Como ven a mi se me ocurren muchas preguntas y, como no: pido respuestas. Me dejaba una: ¿No habíamos aceptado la doctrina de que en actos de secuestro (ampliable a terrorismo) nunca se cede y menos aún se paga un rescate? .
Por cierto, del PP no hablo por que sigue deambulando por Valencia y alrededores.