El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de rechazar el recurso del Gobierno español sobre la aplicación de la llamada doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río, y reclama su excarcelación por considerar que se le deben aplicar los criterios legales más favorables en los mecanismos de reducción de penas y confirma la condena a España a pagar 30.000 euros por daños morales más 1.500 euros de costas. ¿Cornudos y apaleados?
A corto plazo caben tres opciones: Nada, dilatar y todo.
No hacer ni caso. Se toma nota, se pagan las costas y a otra cosa mariposa.
Marear la perdiz. Legalmente es la Audiencia la que tiene que actuar y no puede ni debe contradecir al Tribunal Constitucional español, con lo cual se abre un proceso jurídico de idas y venidas lo más lento y eso, como mínimo, dilata la ejecución de lo dictado por Estrasburgo.
Aplicar la sentencia. Con la excusa de Estrasburgo se procede a la excarcelación paulatina de esos asesinos condenados tal y como parece está pactado con ellos. El tribunal le habrá echado una mano al Gobierno que, hasta en esto, sería vergonzante con lo pactado por la ETA con ZP.
Lo más probable es que se siga la hoja de ruta de la negociación de Zapatero y se proceda con el presos al país vasco como paso intermedio de presos a la calle. La soberanía jurídica española y, sobre todo, la justicia con las víctimas del terrorismo etarra serían, una vez más, un simple daño colateral. ¡Vaya vergüenza!
