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HAY QUE RECUPERAR LA LIBERTAD PERDIDA
En los últimos años, el gobierno Social-Comunista español ha aplicado con gran intensidad los principios intervencionistas en todos los ámbitos; provocando un deterioro profundo de la libertad individual y colectiva. Las deficiencias en la calidad regulatoria, la elevada presión fiscal y los altos desequilibrios fiscales hacen que España ocupe el puesto 35 de los 38 países de la OCDE en términos de menor libertad económica en base a un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). España es uno de los países desarrollados con menor libertad económica.
Se ha conculcado en reiteradas ocasiones el derecho a la propiedad privada, recogido en nuestra Constitución y cuyo origen es sin duda el derecho natural. El bien más preciado para la mayoría de los españoles es su vivienda, que en muchas ocasiones ha adquirido con muchos años de trabajo. Sin embargo, el riesgo de ocupación es una de las principales preocupaciones de los españoles. Se estima que el tiempo medio para poder recuperar el uso de una “vivienda okupada”, por su legítimo propietario se ha elevado a los 2 años.
Esta situación se ha agravado con la Ley de Vivienda, en la que se diferencia entre la vivienda destinada a residencia habitual, y el resto de las propiedades inmobiliarias del ciudadano. En un auténtico estado de derecho, no debe existir la más mínima diferenciación, puesto que todas las viviendas son propiedad de su legítimo dueño y este debe decidir libremente el uso que asigna a cada una de ellas. La penalización a la vivienda vacía es también un atentado al derecho de propiedad y a la libertad de elección.
Si se produce en los próximos meses un cambio de Gobierno, una de las primeras medidas que hay que instrumentar es una nueva ley de vivienda que proteja al propietario, independientemente de si es persona física o jurídica. Esta protección es la que favorece que aumente la oferta de alquiler.
El sistema fiscal español es claramente confiscatorio, atenta contra la propiedad privada y la libertad de decidir sobre una parte muy importante de nuestros ingresos y esfuerzo. No ajustar las tarifas del IRPF a la inflación nos ha hecho pagar más impuestos a todos los españoles, con un solo beneficiario, el estado. La presión fiscal ha subido un 35% desde el año 2018. El Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto transitorio de Solidaridad sobre Grandes Fortunas, que se ha aplicado con carácter retroactivo, están obligando a muchos sujetos pasivos a vender parte de su patrimonio para poder pagar estos Tributos. Con los tipos fiscales actuales en unos 30 años se podría extinguir todo el patrimonio de una persona. Este patrimonio que hoy se vuelve a gravar ya tributo en el momento de obtención de la renta y tributaron también las rentas obtenidas a través del ahorro. Es necesario derogar inmediatamente estos impuestos, además del de Donaciones y Sucesiones, puesto que muchos herederos se tienen que endeudar para poder acceder a la herencia o renunciar a la misma, lo que también penaliza la propiedad privada. Asimismo, será necesario establecer un sistema de financiación autonómica eficiente y justo.
A través del sistema fiscal el estado se ha convertido en el gran expropiador de la riqueza de los ciudadanos. Es necesario rebajar los tipos del IRPF y de sociedades, lo que además puede favorecer un aumento del potencial de crecimiento de nuestra economía y por tanto incrementar la recaudación para financiar los servicios públicos necesarios.
Si miramos a países de nuestro entorno, el Tribunal Constitucional Alemán considera confiscatoria una fiscalidad que supere en su conjunto más del 50% de la renta de las familias e individuos. Sin lugar a duda una parte de los ciudadanos españoles, vemos expropiado una parte de nuestro esfuerzo y trabajo, porque pagamos por todos los impuestos una cifra sensiblemente superior.
Nuestra libertad también se ve deteriorada mediante el gasto público ineficiente como muy bien ha entendido el actual Gobierno; mediante las subvenciones se crea una enorme dependencia del sector público, se desincentiva el esfuerzo productivo y progresivamente se reduce la autonomía individual. En los primeros 100 días del posible nuevo Gobierno hay que implementar un claro programa de consolidación fiscal y de eliminación de las subvenciones injustificadas. Además, hay que revertir la presencia pública en las empresas privadas, como en el caso de Telefónica.
La libertad de empresa tampoco es respetada es España. Quien asume riesgos, se juega su patrimonio, su esfuerzo y su trabajo es atacado. La actividad de la empresa privada en nuestro país está penalizada por la fiscalidad, la regulación laboral, la inseguridad jurídica y la actuación de las empresas públicas. Son imprescindibles reformas estructurales profundas en todos estos ámbitos, que favorezcan al desarrollo de la libertad de actuación de las empresas privadas, y por ende el crecimiento del empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad.
Las crecientes medidas intervencionistas implementadas contra la denominada “Emergencia Climática”, están provocando desconcierto y prohibiciones crecientes, que son pasos muy importantes hacia el Totalitarismo. Están generando un fuerte incremento de costes, provocando inflación estructural y una pérdida de competitividad de nuestra economía, que penaliza a nuestras empresas.
El cambio climático es una de las nuevas banderas utilizadas por el neo comunismo para cercenar nuestra libertad. Es necesario racionalizar el proceso hacia un auténtico desarrollo sostenible, que supone un difícil equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si se incide en exceso en uno de los conceptos el modelo puede colapsar, porque los costes del cambio climático acaban siempre sobre las espaldas de los ciudadanos.
En definitiva, el mecanismo más rápido y seguro para alcanzar el Totalitarismo es el control férreo de la economía, tal y como estableció Friedrich A. Hayek en su famosa obra “Camino de servidumbre”, por lo que nos estamos jugando la Libertad, que es el valor más importante del ser humano.
Juan Emilio Iranzo Martín. Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Académico de Número de la Real Academia de Doctores.