A dos semanas de la consulta trapacera no hay más que declaraciones públicas de unos y otros y un sinfín de informaciones de prensa. Mas y sus muchachos calientan indirectamente el ‘club de la comedia referendista’ y, por vía casi clandestina, siguen organizando la infraestructura del acto. El Gobierno central insiste en lo ilegal, inútil, antidemocrático y demás del paripé pero se queda en eso, solo palabras. Da la sensación de que ‘Astut’ Mas, como le llaman ahora, hará la triquiñuela legal de convocar la consulta callejera horas antes de su inicio dominical. El Gobierno intuye el fraude de ley y lo rechaza pero, a falta de quince días, aún no ha concretado nada. La consultilla de los quince días tiene urnas, pregunta, papeletas, locales y voluntarios; por tener hasta tendrá un día de fiesta en aquellos centros docentes que hayan actuado como sede electoral. La inmensa mayoría de Ayuntamientos catalanes cederán las instalaciones que hagan falta y todo esto sin que el Gobierno de Rajoy haya considerado que tal macroencuesta es impugnable. Es verdad que será una farsa nada democrático. Es verdad que su validez no da ni para llamarse encuesta. Pero, al final, lo que quedará será un resultado cercano a la unanimidad en el sí, y poco importará el cómo, cuándo o dónde se haya hecho ni cuántos hayan participado. Los efectos políticos reales serán casi los mismos que de haberse autorizado el referéndum: un desastre.

No entiendo nada. Si hasta la declaración de una autoridad pública es un acto administrativo y por tanto es impugnable, ¿por qué deja Rajoy que vayan pasando los días? ¿Piensa impugnar al final o simplemente ridiculizar la comedia cuando se haya realizado? ¿Alguien me lo explica?