Es bien conocido el conflicto abierto entre los taxis y los coches de alquiler con conductor, especialmente desde que plataformas multinacionales de internet, UBER y Cabify, han conseguido dar forma a este modo de trasporte. En la cuestión de los alquileres turísticos, estamos iniciando una batalla análoga. Desde siempre, existía el alquiler vacacional a un privado, que en muchos casos además no pasaba por hacienda. El fenómeno, surgido como todos de una necesidad, carecía de organización empresarial y por tanto era a pequeña escala; más adelante, las agencia empezaron a controlar parte de estos alquileres con la ventaja de pasar a ser una actividad fiscalmente declarada y, sobre todo, de ofrecer garantías tanto al propietario del piso como al inquilino de verano.

Ahora la entrada de multinacionales, Airbnb y Homeaway, el boom del turismo y la crisis, que hace buscar ingresos dónde sea y bajar gastos, han puesto de moda este alquiler turístico. En 2016 y en España, mientras el la ocupación hotelera ha crecido un 28%, los alquileres turísticos se han incrementado en un 43 %.

Además de la competencia leal o desleal, según quien la califique, de estos pisos turísticos, se está produciendo un fenómeno alarmante que es la subida desmesurada de alquileres, con el fin de librar los pisos para dedicarlos a alquiler turístico y el consiguiente traslado de los inquilinos de siempre a áreas muy alejadas de los centros urbanos. El desarrollo de esta, como de otras actividades digitales, va tan rápido que la legislación, si la hay, se queda enseguida obsoleta.

No entiendo nada. Es evidente que el propietario de un piso puede destinarlo a lo que quiera, pero siempre cumpliendo el marco legal del fin al que lo emplee. ¿Podrían las autoridades competentes, las Comunidades Autónomas, legislar ya con sentido común sobre este tema? ¿Alguien me lo explica?