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No entiendo nada. Solo la suma de tres partidos, @PPopular, @CiudadanosCs y @vox_es, dan para tener una mayoría absoluta de manera que el principal objetivo de los tres, liberar Andalucía de la PSOE, se pueda llevar adelante. ¿Cómo pretenden dos de ellos tomar todas las decisiones sin contar para nada con el tercero? ¿Alguien me lo explica?
Conversación tranquila de @jmfrancas con Antonio Jimeno Fernández (@antojimeno). Presidente del Sindicato AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria), un sindicato de profesores de Secundaria de ámbito catalán.
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JMF: ¿Cómo está la secundaria?
Antonio Jimeno Fernández: La enseñanza secundaria obligatoria (ESO) es la peor etapa de nuestro sistema educativo. Su mejora, establecida en la LOMCE, se encuentra actualmente paralizado por el cambio de gobierno. A ello se ha añadido últimamente una mayor politización de la educación y su manipulación por parte de algunos gobiernos autonómicos. La Primaria, dado que comprende alumnos de menos de 12 años, no se ve tan afectada. Y el Bachillerato, dado que los alumnos luego han que rendir cuentas en las pruebas de acceso a la Universidad, mantiene un mínimo de rigor y de exigencia. En cambio la ESO, dado que cada centro puede “ajustar” las notas finales a las necesidades del centro, es decir puede aumentar las notas para tener suficientes alumnos con los que crear los cursos de Bachillerato o de FP, nunca ha funcionado bien y sigue sin funcionar.
JMF: ¿En qué afecta el cambio de gobierno?
Antonio Jimeno Fernández: Al producirse la congelación de las evaluaciones finales establecidas por la LOMCE por parte del ministro Íñigo Méndez de Vigo, el sistema continúa igual de mal, es decir con una falta total de control por parte del Ministerio, e incluso de las CC. AA. Fue un gran error. El ministro lo hizo para quedar bien con las CC. AA., temerosas éstas de que se descubriera que en realidad las cosas no van también como ellas dicen en sus informes, incluidas algunas comunidades gobernadas por el PP. Con el cambio de gobierno, las cosas continúan igual de mal y van a empeorar si sale adelante la ley Celaá, ya que pretende dar más competencias a las CC. AA. Si esta ley llega a establecerse, no tendrá ningún sentido seguir manteniendo el Ministerio de Educación.
JMF: ¿Me hablas de lo que conocemos como privada?
Antonio Jimeno Fernández: Me refiero a todos los centros, los de la privada pura, los de la privada concertada y los de la pública. Porque actualmente, también en los centros públicos si hay una matrícula muy baja, porque los alumnos se van en busca de otro centro público que todavía sea más permisivo, la Consejería de Educación no lo sigue manteniendo abierto, sino que lo transforma en otro tipo de centro. Es por ello por lo que tampoco en los centros públicos el profesorado es riguroso en dar las notas reales de los alumnos.
JMF: ¿Qué es eso de las evaluaciones finales?
Antonio Jimeno Fernández: Las evaluaciones finales de ESO son unas pruebas externas, es decir realizadas por profesores de fuera del centro, que constituyen tribunales, cuya superación es indispensable para aprobar la ESO. Están establecidas en la LOMCE pero cuando se fue el ministro Wert y llegó el ministro Méndez de Vigo, éste las paralizó. Hay dos tipos de pruebas, la que da acceso al Bachillerato y la que da acceso a la FP, que tiene menos exigencia en matemáticas y más exigencia en materias aplicadas. De esta forma todos los alumnos pueden encontrar un camino que se adecúe a sus capacidades e intereses personales. Por ello, ya en el 4° curso de ESO se establecen dos caminos o itinerarios: el 4° de ESO que prepara para superar la prueba externa que da acceso a la FP, y el 4º de ESO que prepara para superar la evaluación externa que permite acceder al Bachillerato.
JMF: Esas pruebas no se han llegado a realizar desde las reválidas de antes ¿no?
Antonio Jimeno Fernández: No, no se han llegado a realizar. Es una pena. En Portugal se establecieron en 2012 y por ello ha sido el país que más ha mejorado en las pruebas PISA de 2015, cuyos resultados son los últimos que conocemos (se conocieron en 2016). Hoy, Portugal está muy por encima de España en dichas pruebas. El caso es que además de comportar un estímulo al alumnado a esforzarse más, y al profesorado a enseñarle todo lo que necesita, estas pruebas permitirían asegurar a los padres que sus hijos han alcanzado los niveles establecidos en la ESO. Por otro lado, permitirían detectar si en algunas comunidad autónoma se ha excluido el castellano de la enseñanza y, por ello, los alumnos tienen un nivel insuficiente en la lengua común del Estado, lo cual es un perjuicio enorme para la vida profesional del alumno, ya que el español lo hablan 570 millones de personas, mientras que ninguna de las demás lenguas cooficiales autonómicas llega a 12 millones.
JMF: Y Celaá, ¿qué pretende ahora?
Antonio Jimeno Fernández: La ley que pretende sacar adelante es un ataque a la enseñanza, a la lengua común y a la unidad del país. En orden de mayor a menor perjuicio para nuestro sistema educativo, los cambios anunciados son: la retirada de las evaluaciones finales en Primaria y en ESO, la supresión de los itinerarios en 4º de ESO, el aumento de competencias de los equipos docentes para poder aprobar a los alumnos que quieran, pese a que tengan malos resultados académicos, permitir aprobar el Bachillerato con una asignatura suspendida y permitir que sean las Comunidades Autónomas y no el Ministerio las que decidan si se puede o no utilizar el castellano en la enseñanza. Aunque menos importante, también cabe citar su intención de que la nota de la Religión no cuente para hacer la media y no restablecer el requisito de que los libros de texto han de contar con la autorización previa por parte del Ministerio de Educación. Además, retira las competencias que actualmente tiene la Alta Inspección sobre los contenidos que se enseñan en las CC. AA. Por otro lado, al desaparecer el requisito de que la lengua castellana o español se haya de utilizar en “una proporción razonable”, los jueces ya no podrán emitir sentencias obligando al colegio a impartir un mínimo de un 25% de las horas en castellano.
JMF: ¿Ir a peor entonces?
Antonio Jimeno Fernández: No solo sería un ir a peor en la enseñanza, sino que significa ir hacia el final de nuestro país en cuanto a su unidad territorial. La ley Celaá propiciaría que lo que pasó el 27 de octubre de 2017 en Cataluña, con la declaración de independencia, sucediera en más sitios. Si la ley de la ministra Celaá saliera adelante, se generaría una serie de bombas de relojería que estallarían de forma sucesiva, porque si desaparece la enseñanza de la lengua común y, además, se enseña una visión de la historia en la que los reyes de España y los gobiernos de Madrid siempre han ido contra la comunidad autónoma, sea esta Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Baleares o Galicia, ningún alumno de estas comunidades va a tener identidad española, sino todo lo contrario, siempre va a ver al resto de España como el país culpable de todos los males económicos, políticos y culturales que padece su comunidad.
JMF: Eso que es tan evidente, ¿no lo ven o es lo qué buscan?
Antonio Jimeno Fernández: Lo que siempre han dicho los partidos que han apoyado las leyes socialistas (la LOGSE y la LOE) para justificar la falta de exigencia y el no establecer itinerarios diferentes en la ESO para adecuar la enseñanza a las capacidades de cada alumno, es que si queremos una sociedad sin clases sociales, no puede ser que ya la escuela las establezca, separando a los que aprueban de los que suspenden. Para evitarlo, proponen que se fuerce la máquina al máximo, para que todos los alumnos avancen juntos hasta el final de la enseñanza obligatoria, es decir hasta los 16 años, lo que comporta regalar el aprobado a muchos alumnos y exigir menos a los que podrían dar mucho más. Al principio algunos podían aceptar esto en aras a la igualdad, pero viendo los funestos resultados que este planteamiento está dando durante tantos años, esta justificación ya no es aceptable. Actualmente lo que es más evidente es que no controlando nada de lo que hacen los secesionistas, es decir dejándoles que sigan utilizando los centros educativos como canteras políticas de nuevos votantes independentistas, los socialistas pueden seguir en el gobierno de España. Ellos piensan que pueden crear un Estado federal, pero esto es pura ignorancia. En Cataluña los independentistas quieren la independencia, en absoluto quieren formar un Estado federal con el resto de España. La enseñanza sin control alguno por parte del Ministerio, junto con los medios de comunicación propios autonómicos, han sido los dos instrumentos básicos que han utilizado para moldear su población.
JMF: Y, ¿qué hace un profesor vocacional frente a esto?
Antonio Jimeno Fernández: Un profesor solo no puede solucionar este problema. Si exigiera esfuerzo, como los alumnos saben que en otros centros no se han de esforzar tanto porque se exige menos, no lo harían. Incluso ese profesor se debería enfrentar a los padres, la junta de evaluación, el director, el inspector, etc. Además, ya en su clase se encontraría con alumnos con capacidades tan diferentes que sería muy complicado exigirle a cada uno lo que puede dar. Tampoco un centro educativo solo puede solucionarlo, porque si lo intentará, muchos de sus alumnos suspendidos se irían a otros centros más permisivos. Esto solo se puede arreglar desde un gobierno que se planteara mejorar el sistema educativo del país, haciéndolo más eficaz y más diversificado. Un gobierno que se planteará que su país dejara de hacer el ridículo en las pruebas internacionales, como ya han hecho los gobiernos de otros países próximos.
JMF: Estamos condenados a una mala enseñanza entonces. Gracias Antonio y feliz año.
Antonio Jimeno Fernández: No, no estamos condenados a nada. Hay solución, que el Estado cumpla con su principal obligación, que es garantizar, mediante una reválida al final de la enseñanza obligatoria (ESO), que las calificaciones que los centros dan a las familias realmente reflejan los conocimientos de los alumnos. Es lo que ya hace en los demás sectores, por ejemplo en la alimentación con los controles de sanidad, en la industria con las inspecciones técnicas, en las empresas mediante los inspectores de hacienda, en el transporte mediante las ITV, etc. Si también lo hiciera en enseñanza, todo se arreglaría y seríamos el país revelación en las próximas pruebas internacionales. Simplemente hacen falta otros gobiernos. Feliz año 2019.
JMF: Buen deseo para 2019. Un abrazo Antonio.
Conversación tranquila de @jmfrancas con Margarita López Anadón, abogada experta en derecho de familia y menores con medidas de protección.
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JMF: ¿Qué tipo de casos llevas?
Margarita: Familia, especialmente menores declarados en desamparo.
JMF: ¿Qué quiere decir ‘en desamparo’? ¿Abandonados de hecho?
Margarita: El concepto desamparo administrativo es cuando supuestamente existe un abandono del menor por parte de su familia. Abandono de sus más elementales cuidados físicos y morales y afectivos.
JMF: ¿Es frecuente eso?
Margarita: No. En realidad muchos menores declarados en desamparo no encuadran dentro de ese concepto del desamparo sino dentro del concepto de Riesgo o Guarda Voluntaria, e incluso hay menores declarados en desamparo donde no existe ningún indicador de desamparo. Riesgo es cuando un menor, por circunstancias sociales necesita de alguna intervención de ayuda a las familias por parte de la administración, sin necesidad de ser tutelados. Es decir, el menor continua con su familia. La Guarda voluntaria es cuando la familia acude a los servicios sociales a pedir ayuda porque puntualmente como pueden hacerse cargo del menor, bien por cuestiones económicas o de salud, por ejemplo, y se lo entregan a la administración en Guarda Voluntaria. Luego el menor, en máximo dos años vuelve con su familia.
JMF: Tanto el ‘riesgo’ como la ‘guarda’ deben ser lo más frecuenta, ¿no?
Margarita: Sí, pero el problema está que la Administración ante supuesto de riesgo, y sobre todo de Guarda Voluntaria, dictan un desamparo. Ese es el problema de origen.
JMF: ¿Dictan? ¿Quieres decir que se abusa?
Margarita: Califican de desamparo situaciones que o son de Riesgo o de Guarda Voluntaria. Y ello acarrea muchos problemas puesto que el desamparo incluye “negligencia” por parte de las familias quedando ésta estigmatizadas socialmente, en la Guarda Voluntaria no. Sí, puedo afirmar con rotundidad que existen miles de menores declarados en “desamparo” que no son desamparos, sino Guarda Voluntaria, o como mucho situaciones de Riesgo social. Un menor puede estar en riesgo social sin que la culpa sea de los propios padres o sus cuidadores.
JMF: Y, por qué hacen eso?
Margarita: ¿Porque? esa misma pregunta me la hago yo. Creo que es más fácil para la Administración dictar un desamparo que una Guarda Voluntaria, pues de esa manera, con el desamparo, tiene vía libre para aplicar las medidas de protección y llevar el control de todo.
JMF: ¿Quién decide el desamparo?
Margarita: El desamparo es una medida de protección que dicta la Administración, y se aplica desde el mismo momento, sin intervención alguna por parte de ningún juez ni ningún Fiscal. El juez revisa dicho desamparo y puede revocarlo, pero ello demora por lo menos mínimo un año.
JMF: Como si te robaran el hijo…
Margarita: Así es como lo están calificando los propios afectados, lo llaman robo o secuestro de sus hijos.
JMF: ¿El desamparo definitivo lo dicta ‘un juez’?
Margarita: No. el desamparo lo dicta la Administración, y es el Juez quien lo “revisa” o lo revoca.
JMF: La administración, ¿es un funcionario?
Margarita: Sí, son funcionarios al servicio de la administración. De la Entidad Pública. Primero los técnicos de los servicios sociales hacen un informe proponiendo la medida de protección, el desamparo, y luego la propia administración es la que dicta dicha medida. Los afectados solo tienen dos meses para oponerse a dicho desamparo, y si se les pasa el plazo ya no pueden acudir al juzgado. Esto es un grave problema porque muchas familias no están informadas. Cuando les entregan la resolución de desamparo, aunque se recoge en la propia resolución que tienen dos meses, muchas familias no entienden lo que pone, ello sin contar que algunas incluso son extranjeras y no entienden la lengua.
JMF: No me parece muy ‘justo’ eso…
Margarita: Es injusto y se están violando sistemáticamente derechos fundamentales de las personas y de los menores.
JMF: Intuyo que se producen abusos y son frecuentes…
Margarita: Sí, muchos abusos e injerencias arbitrarias de los poderes públicos en la vida familiar. Se esta violando el art. 8 de la Convención los derechos fundamentales.
JMF: ¿Dónde piensas que está el problema?
Margarita: El problema está en que a la Administración, a los Servicios Sociales, no les controla nadie. La falta de formación especialización en sus funcionarios, y la falta de información a las familias. La falta de transparencia, y la falta de cumplimiento de sus funciones socializadoras por parte de la Administración en general.
JMF: Me resulta muy poco ‘serio’ que no intervenga un juez de entrada. Un hijo es más que un piso y allí si interviene.
Margarita: Es muy grave que no actúe ni un juez ni un Fiscal. El Fiscal en los desamparos es una mera figura decorativa pues lo único que hace es dar el visto bueno a las declaraciones de desamparo. Ni ve ni escucha al menor, únicamente actúa cuando el asunto llega al juzgado.
JMF: Algún caso del que puedas hablar…
Margarita: Muchos casos. Demasiados casos, es muy alarmante. Existe el caso de una madre, Eva. Eva dio a luz a un bebe, y al mes acudió a los servicios sociales “pidiendo ayuda”. No tenía recursos y tenía una cierta incapacidad física en una pierna. Le dieron una habitación en un quinto piso sin ascensor.
JMF: ¿Eso seria lo de ‘riesgo’ que antes me has dicho?
Margarita: En el caso de Eva lo correcto habría sido efectivamente un Riesgo o como mucho una Guarda Voluntaria, pero declararon un desamparo porque tuvo una discusión con los servicios sociales. Se quejo del trato, discutió y cuando le dijeron que le iban a retirar a su hijo se puso a gritar y arremetió contra la policía cuando le fueron a quitar a su hijo.
JMF: No me extraña, que te quiten un hijo es para saltar…
Margarita: Cuando el juez conoció su caso incluso dijo en la sentencia que el desamparo “no fue ajustado a derecho”, es decir, que no hubo motivo de desamparo porque el menor nunca estuvo en riesgo nació sano y bien cuidado. Pero incluso así, el juez decidió mantener la declaración de desamparo porque Eva no tenia recursos y vivía en un piso compartido. Algo erróneo también por parte del juez que no tenia que haber mantenido el desamparo. El abogado de Eva en su día no recurrió la Sentencia, debiéndolo haber hecho.
JMF: ¿Cuánto tiempo pasó hasta eso?
Margarita: Desde que le retiraron a su hijo hasta el juicio, un año.
JMF: Y ahora, ¿puede hacer algo?
Margarita: Tenía mientras tanto visitas, 4 horas a la semana. Luego se las redujeron a dos horas a la semana. Y a los dos años la Administración le suspendió las visitas porque decidió dar a su hijo en preadopción. Eva ganó la sentencia contra la adopción. El juez dijo que su hijo no podía ser dado en adopción, esto fue en abril del 2018. Pero lo más grave de este asunto es que ahora la Administración, como el hijo de Eva no puede ser adoptado, ¡ha decidido dejarlo en acogimiento permanente con la misma familia que estaba en acogimiento preadoptivo! Lo cual quiere decir que su hijo puede estar con esa familia hasta que cumpla los 18 años. En lugar de reiniciar las visitas con su madre y reintegrarlo con Eva. Llevamos 6 meses pidiendo a la Administración que reinicie las visitas pero no contestan.
JMF: Y, ¿no hay opción de recurso judicial?
Margarita: Hasta ahora solo ha habido una “propuesta” de la administración de revocar el acogimiento preadoptivo y dictar un acogimiento permanente. Nos hemos opuesto administrativamente al acogimiento permanente, pero mientras la administración no dicte la “resolución” no podemos acudir al juzgado. Y llevamos 8 escritos a la Administración pidiendo que dicte la resolución y que reinicie las visitas. Solo de palabra la Administración le ha dicho que le van a dar visitas, pero no hacen nada, no inician nada, no actúan en este sentido, y llevamos seis meses pidiéndolo.
JMF: Un calvario y pasa el tiempo…
Margarita: Otra gravedad añadida, cuanto mas tarde dicten la resolución, mas tiempo pasa, y una vez la dicten y acudamos al juzgado, otro año más a esperar a juicio, apelación etc… y mientras el niño sin ver a su madre, ya va para tres años. ¿de que sirve que su hijo no pueda ser dado en adopción si lo dejan con la misma familia en acogimiento permanente? para mi esto es una “adopción encubierta”. Luego dirán que en el “supremo interés del menor” ya no conoce a su madre y que mejor se quede con la familia que está. Esto es un claro ejemplo de maltrato institucional tanto al menor como a su madre.
JMF: Gracias Margarita, feliz año y ya me contarás el desenlace. Un beso.
Margarita: Gracias, Feliz Año.
JMF: ¿Cómo ves la UE?
Alessia Putin: La UE es el mayor éxito democrático de la historia, pero está pasando por un momento delicado por el auge de los endemismos de la democracia (populismos tanto de izquierda como de derecha, nacionalismo y radicalismo). Pero yo soy optimista a medio plazo, los populismos acabarán deshinchándose.
JMF: ¿El Brexit es una estocada a la UE que la deja en crisis?
Alessia Putin: Es una estocada sin duda, pero no hay que desesperarse. Los jóvenes quieren seguir en Europa. Si se van (ya veremos) volverán. Es importante garantizar que puedan seguir disfrutando de la beca Erasmus para que las nuevas generaciones no se desconecten. Estoy a favor también de un segundo referéndum. De 77 encuestas post-brexit, 75 daban un resultado distinto al que salió finalmente. Empieza a haber movimientos serios para revertir ese resultado, como Renew Britain. La fractura en Europa no es ya tanto entre izquierda y derecha si no de populismo o democracia. O política contra anti-política.
JMF: Pero, ¿qué es para ti antipolítica?
Alessia Putin: Movimientos que, en nombre de la democracia y sobre todo utilizando los mecanismos y las herramientas democráticas, van en contra de los valores fundamentales de la democracia: Libertad, igualdad y solidaridad. Es una paradoja del sistema, que Popper explicó muy bien.
JMF: Si Popper levantara la cabeza… Se salvarían muy pocos partidos…
Alessia Putin: Jajaja. Muy de acuerdo.
JMF: ¿Libertad? ¿En que país de la U.E. prima la libertad?
Alessia Putin: En todos, otra cosa es que haya algunos con mejores instituciones políticas y económicas inclusivas, como Dinamarca u Holanda.
JMF: No pienso lo mismo, la libertad sufre en todos con legislaciones que discriminan…
Alessia Putin: ¿En qué sentido?
JMF: Un ejemplo que quizás no te guste: obligar a la paridad es discriminatorio, obligar a no poder pagar en metálico no es libertad, obligar a no poder montar un local donde se fume, tampoco lo es y asi la tira. A la que te sales de lo ‘políticamente correcto’, te machacan.
Alessia Putin: Estoy de acuerdo. Yo no creo en la paridad, creo en la equidad. En la posibilidad de ofrecer a través de políticas públicas igualdad de oportunidades en base a una meritocracia. Pero entre ser liberticida y ser libertario, hay enormes escalas de grises. Hay mecanismos para favorecer la libertad pública y privada, y en general Europa es la zona más libre del mundo, junto a norte America. Sin duda hay que proteger siempre la libertad y rehuir de las políticas que quieren imponer una supuesta igualdad. Ya se sabe lo que pasa cuando quieres imponer igualdad a una sociedad: acaban sin libertad y sin igualdad.
JMF: Totalmente de acuerdo, mi escala de valores es libertad y luego igualdad de oportunidades y ante la ley. ¿A qué llamas ‘populismos’?
Alessia Putin: A lo que he descrito antes como movimientos anti políticos o endemismo de la democracia. En España, Podemos y los nacionalistas catalanes. Italia, 5 stelle y Lega. En UK los pro-brexit. Política homeopática. Soluciones antiguas para problemas post-modernos.
JMF: ¿No es populismo, gobernar a base de encuestas? ¿Repartir limosnas y prebendas para conseguir votos? Lo digo porque comportamientos populistas los tiene todos…
Alessia Putin: Cualquier perversión de las instituciones para mí es corrupción o falta de ética.
JMF: Volvemos a coincidir, la corrupción no solo es robar a manos llenas…
Alessia Putin: Exacto. Y la financiación de los partidos políticos es el gran agujero negro.
JMF: Politizar los cargos judiciales es corrupción y de la mala…
Alessia Putin: El gran fallo del sistema de separación de poderes actual en España es ese. Debería prohibirse que un juez pudiese pasar al poder ejecutivo y mucho menos que volviera a la judicatura tras haber estado en política. Tenemos tristes ejemplos. Y por supuesto el parlamento No debería decidir sobre el CGPJ.
JMF: Ni dirigir desde los gobiernos las teles públicas…, probablemente no deberían ni existir…
Alessia Putin: Cierto. La televisión como servicio público, está superada.
JMF: Si no hay periódicos públicos, ¿por qué hay radios y televisiones? Pura propaganda…
Alessia Putin: Poco a poco están muriendo. Mira los datos de TVE en noviembre. Desplome.
JMF: Pero las seguimos pagando… la uno, la dos, la tres, la vasca, la gallega… y luego jubilaciones de miseria…
Alessia Putin: Business is business. Para algunos claro. Deberían eliminarlas.
JMF: ¿Cómo se desmonta todo esto?
Alessia Putin: Complicado. Los gobiernos quieren tener su altavoz. Pero las plataformas digitales les están comiendo el terreno…. tiempo al tiempo y decisiones valientes, pero no lo veo a corto plazo.
JMF: ¿La sociedad aguanta todo?
Alessia Putin: El ser humano es un superviviente que crece entre la evolución y la adaptación.
JMF: También son seres humanos los políticos y de momento tiene la sartén por el mango jaja.
Alessia Putin: Jajajaj. Cierto, pero se confirma una tendencia: cada vez hay más rotación. Es más difícil mantenerse en el poder y la rendición de cuentas es más inmediata.
JMF: Bendita tendencia, me gusta pero que aceleré un poco más. ¿Internet democratiza?
Alessia Putin: Internet es una herramienta y como tal puede ser utilizada bien o mal. Por un lado ayuda a la democracia y por otra la corrompe. El individuo sigue siendo responsable de su propia información.
JMF: Pero el riesgo de la libertad a mí me pone… ¿Qué es el capitalismo humanista?
Alessia Putin: Un capitalismo menos salvaje, que defienda la libertad individual pero ofrezca igualdad de oportunidades. Es la búsqueda de un sistema más sofisticado y perfeccionado, dentro del capitalismo, que ha demostrado con creces su validez en la mejora de las condiciones de vida del ser humano. Es el reto de lograr estados de bienestar sostenibles a nivel global.
JMF: ¿No es imposible el estado del bienestar?
Alessia Putin: No. Llevamos ya unas cuantas décadas. Lo que no significa que tengamos que agilizar cuanto antes las reformas para que siga siendo posible… el reto demográfico es preocupante en Europa.
JMF: No nacen ni las ratas…
Alessia Putin: Jajaja. Bueno somos más de 500 millones, pero nos estamos haciendo viejos.
JMF: Algunos políticos piden ‘renta básica universal’, y yo, ya puestos, pido coche y piso… Eso no aguanta.
Alessia Putin: Jajajaja. Cierto. Pero ante el auge de la Inteligencia Artificial y la robotización, debemos buscar soluciones creativas para dar sustento a todo el mundo. De momento parece que por cada empleo que destruye la IA se crea otro o incluso más.
JMF: Me animas, no te quito más tiempo para esta primera entrevista; si te dejas habrá más. Un beso y muchas gracias.
Alessia Putin: Gracias a ti y un placer.
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El brutal asesinato de Laura Luelmo ha vuelto a poner en el debate político la ‘Prisión Permanece Revisable’. Ya con la aprobación en marzo de 2015 de la ‘Ley de seguridad ciudadana’ se modificó el Código Penal y se instauró la llamada ‘cadena permanente revisable’ para delitos de especial gravedad; estamos hablando de que si bien es permanente será revisada entre los 25 y 35 años y según esta revisión el reo sigue en la cárcel o sale. Recordemos que hasta esta aprobación la pena máxima en España era de 40 años.
Políticamente, la Permanente Revisable, solo la votó el PP y tres años después el PNV, este último octubre, planteó su derogación que fue secundada inmediatamente por toda la oposición, y en estas estábamos hasta que el caso ‘Diana Quer’ ha hecho que Ciudadanos cambiara sus planteamientos debido a que, según parece, hoy hay una mayoría de españoles que piden mantenerla y el Gobierno, movido por lo mismo y prudentemente, paralizó su derogación en espera de lo que diga el TC. La paradoja política es que, si bien media Europa la tiene, aquí la izquierda es partidaria de los 40 años de condena y la derecha lo es de la permanente con revisión a partir de los 25, ¿no resulta chocante? Tengo la sensación de que ni unos ni otros tienen ninguna idea clara y se guían solo por el ‘nombre’, la evocación que la palabra ‘permanente’ hace del vocablo ‘perpetua’ hace que los partidos se posicionen ideológicamente, ya es triste…
No entiendo nada. ¿No es más justo legislar priorizando a las víctimas posibles en vez de los verdugos? ¿Alguien me lo explica?
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Según el informe de la Competitividad Regional en España, elaborado por el Consejo General de Economistas, la competitividad medida a través de 53 variables que analizan el entorno económico, capital humano, mercado laboral, entorno institucional, infraestructuras básicas, entorno empresarial y la innovación, las comunidades registraron un incremento de esta variable global del 4,3, superando con bastante su crecimiento medio del 1,5 que se constato entre 2008-2017. Las autonomías no son tan malas, como critican algunos, si se gestionan bien y esto se muestra cuando analizamos este indice según cada comunidad y así, Madrid, es la autonomía más competitiva, seguida de Pais Vasco y Navarra, superando a Extremadura, la que lo es menos, 3,5 veces más, dando a entender que no todas las gestiones son iguales y llevan a igual resultado.
Viendo estos datos, choca saber que Madrid Comunidad convoque 15.328 nuevas plazas funcionariales, que sumadas a las del año pasado, elevan el incremento de plazas públicas en 41.119 personas en los dos últimos ejercicios. Si bien muchas de estas plazas obedecen a la estabilización de personal contratado a la reposición de vacantes por jubilación y a la promoción interna de trabajadores. Estas datos corroboran la tendencia tan europea, y así nos va, de que la solución a todos nuestros males son más empleados públicos y la correspondiente subida de impuestos para poderles pagar. ¿Cuál sería la competitividad de la Comunidad de Madrid si siguiera con su política de impuestos, algo más bajo que le resto, y no se cargara otra vez de personal funcionarial?
No entiendo nada. Salir de una crisis de gasto para cargarse de más gastos, ¿es racional? ¿Alguien me lo explica?
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Se acaba de publicar la encuesta ‘Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017’ realizada Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Las conclusiones del estudio nos hablan de que alrededor de un 65% de españoles considera que no recibe del Estado por lo que paga y que no pagamos todos ni mucho menos. Son mayoría los que piensan que los servicios público van a peor aunque también son una inmensa mayoría los que los usa, que remedio, y los valora decentemente, si bien piensan que están mal gestionados. Ya es positivo, viva la democracia, que existan este tipo de estudios que reflejan, sin lugar a dudas, la tendencia ya ‘dogmatizada, de un tiempo a esta parte en toda la UE, de que el Estado debe recaudar cuanto pueda para cuidarnos como queridas ovejas y que los ciudadanos han asumido que no les queda más remedio que aceptar a pies juntillas el modelo que ven poco eficiente y mal gestionado.
Seria interesante conocer el mismo servicio cuánto cuesta si lo hace una empresa privada a la que le va su continuidad según lo la aceptación de sus clientes. Es curioso que en lo público cuando funciona mal, o al menos a medias, el único que sufre es el cliente que además en este caso es el dueño, los gestores y el personal en general salen indemnes del mediocre funcionamiento. En la vida privada es al revés, si das un servicio a medias el cliente no vuelve y el dueño y sus empleados son los que cierran para mí la pregunta no es si lo que nos dan vale lo que pagamos en impuestos sino si el Estado dándonos solo lo necesario, puede ahorrarnos muchos impuestos.
No entiendo nada. ¿Cómo pretenden que sea eficiente un servicio en el que si gestionas mal no pasa nada? ¿Alguien me lo explica?
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El día que se celebra el primer aniversario de las últimas elecciones catalanas que tuvo el efecto, entre otros, de regalarnos como presidente de la ‘Generalitat’ a un tal Quim Torra, hooligan independentista antes que otra cosa, el Gobierno de España, ausente a casi todos los efectos de Cataluña en los días normales, va a celebrar un Consejo de Ministros en la capital catalana. Por las declaraciones del independentismo, los muy violentos, los menos violentos y los de las sonrisas, la que nos espera… habrá que ‘atarse los machos’ porque se la tienen jurada a todo lo que suponga España y más si vienen del débil Sánchez y de su entredicho gobierno.
La conveniencia del día y el lugar, yo no la discuto y, una vez se ha decidido, hay que hacerlo, ¡faltaría más!, pero habrá que atenerse a las consecuencias. El gobierno del Estado es gobierno en Cataluña, ojalá siempre lo fuera, y por tanto, dentro del marco legal, hace allí lo que le da la gana, guste más o menos.
Cuestión distinta es que, una vez amenazado el evento por parte de todo el independentismo, ¿quién será responsable de lo que vaya a pasar que puede ser más que grave? La prudencia debería estar en evitar los conflictos pero dada la situación evitarlo, cancelarlo, sería seguir cediéndole Cataluña al independentismo; la prudencia también debería llevar a poner los medios para que pasará lo mínimo, parece que se están poniendo algunos con policías a manta, y quizás lo que habría que hacer es quitar legalmente de en medio a aquellos que ya han anunciado que van a montarla. Cuando vas contra corriente, tienes razón y piensas que lo justo es imponerla, hay que ir a por todas las que la ley prevea: antes, durante y después. Si Sánchez se queda a medias habrá hecho un pan como unas tortas, lo pagaremos todos muy caro y habría que aconsejarle no hacerlo.
No entiendo nada. ¿Está dispuesto el Gobierno a hacer caer todo el peso de la ley a los que actúen ilegalmente? ¿Alguien me lo explica?
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Según Tom Hanks, en Forrest Gump “tonto es el que hace tonterías”, no estoy nada de acuerdo. Como mucho, los tontos harán estadísticamente más tonterías que los listos, pero ni todo lo que hacen los tontos son tonterías, ni todas las tonterías están hechas por tontos. Hay casos paradigmáticos de gente culta, inteligente, cultivada y mujer que cuando se pone a decir tonterías bate todo tipo de récords, tal es el caso de la insigne doctora en derecho Doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra -entre otras muchas cosas- de Igualdad, que cuando se lo propone no admite competencia. Que las “Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí”, como dijo textualmente en la Comisión de Igualdad del Senado, no es solo una tontería, y de las más gordas, sino que sienta un precedente moral y jurídico de lo más peregrino y peligroso. Según la ilustre política, la verdad no existe como tal y no depende de su adecuación a la realidad, sino de quién la dice, y no sienta cátedra verdadera alguien por ser genial, superdocta, máxima especialista, sino por una cuestión que, mal le pese, es puramente cromosómica. Si tienes la dotación cromosómica de XX, cromosomas femeninos, tienes la verdad incluida y tienes ‘patente de género’ para la mentira. Me faltan palabras para adjetivar semejante majadería. Una vez más, parece que la posible incapacidad haya que defenderla elevando a categoría de verdad las mentiras más ridículas.
Que piense así un ser, una ser, ilustrada, ya es lástima; que lo diga, provoca vergüenza ajena; pero que tenga poder para concretarlo en una acción legislativa o de gobierno, asusta; y nos lleva no solo al ridículo integral como país, sino también a un paso más en un totalitarismo liberticida de lo más pedestre.
No entiendo nada. ¡Peligro! ¿Mandan en España dogmáticos de salón que confunden la verdad con la mentira? ¿Alguien me lo explica?
Cuando Borrel califica la política de Sánchez con Cataluña de “política del ibuprofeno” como “aquella que intenta rebajar la tensión a ver si, con los ánimos más calmados, es posible afrontar la situación con más racionalidad” y la tacha de amortizada por ineficaz, son ya bastantes las voces que proponen la ‘ilegalización’ de aquellos partidos que promueven la disolución de España. PP, Ciudadanos, VOX y algunos eminentes socialistas, contemplan la opción de sustituir el analgésico por una cirugía más que invasiva por aquello de que “muerto el perro, muerta la rabia”. La ‘ley de partidos’ ya abrió ese camino para aquellos que flirteaban con el terrorismo y ahora se trataría de modificarla para que cupieran los que flirtean con la independencia.
Entonces, amén de todos los argumentos propios de la eterna discusión de prohibir o no prohibir, se dudó apelando a la grave crisis ciudadana con disturbios sociales que produciría cualquier actuación de este tipo y la verdad es que no pasó nada de nada, exceptuando el hecho de que los ilegalizados lo pasaron fatal y tuvieron que ingeniárselas para, cambiando de cara, esperar tiempos políticos favorables para volver a resurgir de sus cenizas; siempre hay alguien que acude en socorro del mal bicho. Entre ilegalizar y que se te coman, caben, no sé por cuanto tiempo si no hacemos nada, muchos coloridos y sobre todo cabe uno bien simple: aplicar las leyes que tenemos y que “el que la hace la paga”, sin cambalaches políticos.
No entiendo nada. Más que hablar de grandes remedios drásticos, ¿no sería mejor aplicar ya siempre la ley sin excepciones? ¿Alguien me lo explica?