El hecho es que la Dirección General de Tráfico (DGT) planea una nueva reforma de los límites de velocidad. Según parece los nuevos límites bajan a 90 ó 50 km/h la velocidad máxima para las carreteras, la suben hasta los 130 km/h en algunos tramos de autopistas y autovías, y la reducen drásticamente en tramos urbanos hasta los 30 km/h, llegando incluso en según que vías a los 20 Km/h. Fuerte bajada en todos; tímida y casi excepcional subida en tramos muy seguros de autopistas en días especialmente buenos climatologicamente. Como el que no quiere la cosa los detectores de radar vuelven a estar prohibidos. Cosas de lo políticamente correcto: a paso de burro se contamina menos, bajan los accidentes, los gobiernos se curan en salud y, no se olviden, nos hinchan a multas.

Bastaría con citar frases del propio PP cuando el archipresente Rubalcaba y con el fin de ahorrar en plena crisis, bajó la velocidad temporalmente en las autopistas a 110 Km/h para poner las nuevas medidas a caldo. Frases como que era una «medida soviética» de Esteban González Pons, o la propuesta justificada de Gustavo de Arístegui, que sugería subir a «140, 150 e incluso a 160» el límite de velocidad en algunos tramos de carretera, son suficiente recordatorio de un PP, el preelectoral, del que no quedan más que las caras. Me viene a la memoria aquella máxima de que si quieres conocer a fulanito dale un carguito. A veces pienso que formar parte de un gobierno estropea el sentido común, al menos transitoriamente, y hace que hasta los cerebros más brillantes obnubilen su intelecto y confundan hasta la terminología: ¿qué es sino una confusión terminológica vender como medioambientales unas medidas solo recaudatorias?

El hecho es que una sentencia de conformidad pactada entre la fiscalía y el empresario andorrano Fidel Pallerols, el exsecretario de organización de Unió  Vicenç Gavaldà, y el ex director general de Trabajo Lluís Gavaldà, supuso para los dos primeros aceptar una condena de siete meses de cárcel por fraude de subvenciones y para el tercero la condena de un año y medio por malversación. Si bien lo previsible era que, por la levedad de las penas, los acusados pudieran evitar la cárcel, los magistrados han estimado que convenía pena de cárcel “para intimidar a todos aquellos ciudadanos/políticos que pudieran sentirse tentados” por la corrupción.

Supongo que la sentencia, que es recurrible, ha sorprendido negativamente a los acusados que confiaban ciegamente en seguir en libertad. Ha caido en gracia a todos aquellos ciudadanos que están escandalizados por la impunidad que de ordinario acompaña a la corrupción en España y ha causado asombro a un amplio sector jurídico que no acierta a entender que la justicia tenga la función de intimidar.

Supongo, tendría su gracia, que todo el affaire no será una maniobra orquestada por el fiscal y los magistrados para llevar a los acusados al huerto y hacerles admitir su culpabilidad y el pago de un buen puñado de euros, dado que la fiscalia no tenía nada claro poder ganar el juicio. Dado que el contenido real de la sentencia es ejemplarizante y supone un soplo de aire fresco a los ciudadanos que consideran la corrupción como el segundo problema de España, no sería mucho pedir que al menos la redactaran correctamente y no posibilitaran -por intentar intimidar– un recurso tan fácilmente.

El hecho es que hoy se ha hecho público el barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), en él aparece la corrupción como la segunda preocupación de los ciudadanos.

La gran preocupación de los españoles sigue siendo el paro para un 79,9%, lógico dado que gobierno y oposición parecen resignados a no hacer nada más que esperar a que el cambio de ciclo económico nos lleve en volandas hacia la creación de empleo.

La segunda gran preocupación, y esto es nuevo a la vez que vergonzoso, es la corrupción y el fraude (40%), y sobre esto tampoco parece que los grandes partidos se den por aludidos. Tibios conatos de ponerse de acuerdo en más control para sus fundaciones y alguna que otra medida sin consenso, son ideas que salen tímidamente de sus bocas.

En teoría es bien fácil, dado el especial momento de crisis económica y con la idea cada día más extendida de que aquí el que no corre vuela, lo que se precisa es un pacto bien fácil: aplicar el código penal sin rebajas ni excepciones y que el que la hace la paga ya sea banquero, empresario, político o carterista. Por cierto si de momento todo imputado con previsión ya de juicio dimitiera, ganaríamos mucho.

El hecho parte de unas declaraciones del Fiscal Superior de Catalunya en las que da a entender que si bien un referéndum sería del todo ilegal, hay que buscar otras vías para conocer la voluntad de los catalanes “porque al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar qué es lo que quiere”. La interpretación que se hace de estas declaraciones, dado que llueve sobre mojado, abunda en la idea de que el susodicho fiscal sintoniza demasiado con el actual Gobierno de la Generalitat. Ya en Noviembre, en plena semana electoral catalana, y a raíz de unas informaciones aparecidas en El Mundo acerca de unas supuestas cuentas en paraísos fiscales de familiares de Jordi Pujol y Artur Mas, Martín Rodríguez Sol inició un proceso de investigación contra el periódico por el supuesto de haber acusado sin pruebas. En él escribió que la información de El Mundo es “radicalmente falsa, mendaz”, cuando lo único que podría haber dicho es que no se apoyaba, según él, en prueba alguna.

A un Fiscal Superior se le pide rigurosidad jurídica, prudencia y sintonía con el Fiscal General, para dirigir a los fiscales que dependen de él en vistas a que la ley se aplique y no se viole. Ayer visto el revuelo organizado, y a pesar de las rectificaciones hechas por Martín Rodríguez Sol, Eduardo Torres-Dulce procedió a iniciar un proceso de remoción al considerar que este ha perdido su confianza. No hay que olvidar que al Fiscal Superior de Catalunya, como al resto, los nombra el Gobierno de la Nación a propuesta del Fiscal General y una vez oído el Consejo Fiscal.  Es por ello que la confianza es vital y con estas actuaciones la ha perdido. Solo una duda: dado que la presión nacionalista en Catalunya va a más y que el fiscal actual profesionalmente es idóneo, ¿no es mejor un buen capón que buscar otro? Pienso que si, pero Martín Rodriguez Sol ha presentado su renuncia y Torres-Dulce la ha aceptado, lástima.

El hecho es más bien luctuoso. España ha sobrepasado la escalofriante cifra de 5.000.000 personas en paro registradas en el antiguo INEM. Los 5.040.222 desempleados reales constituyen el máximo histórico desde 1996. El drama no solo sigue, sino que aumenta. Si bien es verdad que la subida del desempleo en febrero de este año, es la menor de un febrero desde 2008. ¿Implica esta ralentización un horizonte pronto de inversión de la tendencia? La mayoría de expertos responden, sin pensarlo dos veces, negativamente a mi pregunta. Todos los analistas nacionales e internacionales coinciden en que iremos a peor.

Me da pena ver como la consternación de hoy se quedará solo en lágrimas de cocodrilo de nuestros políticos. El Gobierno espera a que el tiempo lo arregle y la oposición critica suave porque no olvida que tampoco supo hacer nada. Los gobiernos no crean empleo, solo pueden facilitar las condiciones para que la economía reviva. No soy el que tiene la solución pero no entiendo que detrayendo recursos a los ciudadanos alguien espere el milagro de que despierte nuestra economía. Sea como sea, hay que reducir drásticamente la administración en todo aquello que suponga un peso muerto. Se enfade quien se enfade, hay que forzar a la banca a abrir el grifo del crédito con un riesgo real aunque moderado. Moleste a quien moleste, hay que bajar todas las cargas impositivas a nuestras empresas, autónomos y ciudadanos. Pienso que con estas tres ideas bien desarrolladas por los que sepan, otro gallo cantaría.

El hecho es que esta semana el Consejo Regulador del Cava ha presentado sus resultados comerciales de 2012 que indican que las ventas en España han disminuido un 6,28% sobre el año anterior. Estos resultados han recordado lo acontecido en 2005 cuando con motivo de unas declaraciones de Josep Lluís Carod-Rovira (ERC) en contra de la candidatura olímpica de Madrid, se produjo el llamado boicot que supuso la caída de 6,59% de las ventas de cava en el resto de España.

La realidad es que la identificación del cava con Catalunya es evidente. Resulta muy fácil y nada imaginativo ante cualquier cabreo hacia algún político catalán, arrearle estacazo a los productores de este excelente espumoso. Estos bodegueros lo saben y además del natural temor, poco más pueden hacer. Que nadie dude de que si un gremio tiene claro la locura de la desvinculación con España es el industrial y que, sin estridencias, mueven todos los hilos posibles y esto, más temprano que tarde, tendrá su eficacia.

El boicot al cava catalán no solamente es caro –un champagne francés cuesta más euros-, sino que además es injusto. ¿Quién les asegura a ustedes que la gente de Ciutadans no tiene producción de cavas? Seamos racionales y prácticos, yo al menos no estoy dispuesto a tirar piedras en mi propio tejado, si algún día me enfado con los políticos de Extremadura no la tomaré con el jamón, no me conviene, en todo caso les pondré a ellos directamente a caer de un burro. P.D: Por cierto cuantas más regiones hagan espumosos y de calidad, mejor. Anda que no hay clientes potenciales en España y en el mundo…

El hecho es que tras un encuentro del político con Feder.Gen (Asociación de Afectados por las Leyes de Género) dedicó un total de nueve ‘tuits’ sobre la violencia doméstica afirmando entre otras cosas que «la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas» y que «los fiscales no las persiguen». Además, añadió que «un tercio de las muertes por violencia doméstica en España son hombres» insistiendo en que «las estadísticas son sesgadas» y completó el desaguisado añadiendo que «la Unión Europea paga 3.200 euros por cada denuncia por malos tratos», lo cual implica que «desde 2004 nos han entrado así 2.080.000.000 euros. ¿Qué gobierno renuncia a eso?». La red ardió y el diputado de UPyD tuvo que salir al paso declarando «Pido disculpas. Me he equivocado al dar por contrastados unos datos de Feder.Gen sobre un tema tan grave como es la violencia de género”. Toni Cantó, cantó por hacer mal su trabajo y por ello ha pedido disculpas. Es evidente que lo mejor es no errar, pero cuando yerras, pedir disculpas es de lo más sano y, porque no decirlo, de lo más infrecuente.

Entiendo, lo he vivido cerca, el drama de la violencia doméstica y pienso que la especial sensibilidad que hoy tenemos acerca de esta plaga cada vez -gracias al esfuerzo de muchos y la valentía de muchas- más combatida, hace necesario ser especialmente escrupulosos en los datos y en el análisis y, ahí Toni, patinó.

Sería triste de todos modos que ahora alguien se ensañara con él, de la misma manera que sería triste y falso pretender esconder la realidad de que se producen denuncias falsas, de que la ley discrimina al hombre y de que lo único progresista es trabajar en libertad buscando la dignidad de todos independientemente del sexo.

El hecho es que el partido de Artur Mas presentó una propuesta de resolución fruto del debate del Estado de la Nación sobre el famoso Referéndum para la soberanía. El objetivo era conseguir que el PSC, hasta ahora cerca más bien del ámbito del no soberanismo, tuviera que alinearse con el bloque independentista. Hay que romper el trio PP, PSC y Ciutadans a toda costa y esa votación era un buen momento. ¿Se iba a atrever el PSC a votar en contra de una consulta negociada con el Gobierno, legal y tal y cual, que era lo que proponía la venenosa pero edulcorada propuesta?

Este era el objetivo pero pronto aparecieron efectos colaterales que, si bien podían estar no buscados, hacían la cuestión mucho más morbosa y apetecible. El PSC quería votar si y el PSOE no, ¿votarían distinto? Chacón, la ex ministra nada menos que de Defensa del Gobierno de España, perteneciente al PSC pero con infúlas de liderar al PSOE ¿qué votaría? El secretario general del PSOE, Rubalcaba, otrora contendiente de Chacón por la secretaría general socialista, ¿iba a ser capaz de reconducir al PSC al redil y que votara lo mismo que su PSOE? No esta mal el lío que podía producir la votación de semejante propuesta.

La verdad es que lo ha producido. El PSC ha votado que si y el PSOE que no: ya está liada. Ahora hay que replantearse la relación: ¿continuidad, separación o divorcio…? La ex ministra no votó nada. Multa del PSOE por no aceptar la decisión del grupo y multa del PSC por no hacerles caso. El PSOE mosca y el PSC molesto. Ni con unos ni con otros. Me temo que no votó con el PSC para seguir aspirando al PSOE y no votó con el PSOE para seguir usando el trampolín del PSC. Con este ‘no voto’ ha conseguido no ser ni Carmen ni Carme sino simplemente no ser nada y, de ex ministra puede pasar a ser ex candidata a mandar en el PSOE e incluso ex política.

El hecho lo sitúo en las declaraciones de Maria Dolores de Cospedal ayer para explicar la famosa indemnización con pago a la seguridad social referente al señor Bárcenas. Llovía sobre mojado pero ayer ya diluvió. Cospedal dijo: “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución”. ¿Lo pillas? Yo, la verdad, no. Si lo de diferido canta, lo de simulación insinúa un delito. Ella, inmutándose, añadió “a uno le puede parecer bien o mal cómo se pactó en su día, pero así fue como se pactó” y dejó caer que esto fue revisado por los servicios jurídicos del PP. Toma disparate, vaya bochorno.

Parece claro que cuando surge la Gürtel los políticos peperos dependientes del PP de Madrid de Esperanza Aguirre fueron impelidos a abandonar sus cargos en cuestión de horas. Los dependientes de Génova ya tuvieron otro trato. Sepúlveda dejo la alcaldía y parece que volvió a la sede central del PP. Bárcenas se resistió a caer como gato panza arriba y, de hecho, duro aún unos años. En abril de 2010 dejó todos sus cargos internos y externos pero al volver a salir a la palestra mediática se descubrió que de alguna manera tanto él, Baŕcenas, como Sepúlveda seguían trabajando, desde este año 2010, en o para Génova. A Sepúlveda se le despidió y con Bácenas se intentó negar que aún trabajaba en la sede central del PP. A partir de ahí todo ha sido un despropósito: explicar lo inexplicable es imposible. El que continuaran da la sensación o bien que el PP les seguía usando para sus tejemanejes o bien que el PP no se atrevía a dejarlos en la calle por lo que podrían contar. Así de simple y así de fácil. Alguien con más tino que Floriano o Cospedal deberá aclarar estos supuestos: La duda es mala, pero inventarse el porque seguían trabajando y cobrando es todavía peor. El colmo del disparate, que se han buscado solitos, es que estas absurdas explicaciones han propiciado que Bácenas demande al PP por depido improcedente.