Estos últimos días, parece que el desafío nacionalista catalán se acelera. La verdad es que en los últimos años no han parado, pero de un tiempo a esta parte corren más. No se si es por el nuevo liderazgo socialista, titubeante en la cuestión catalana, el de Pedro Sánchez, o es por que las últimas encuestas vaticinan que los ciudadanos catalanes favorables al «procés» van disminuyendo, pero los colectivos independentistas de la sociedad civil quieren, para ya, una fecha y una pregunta para el pretendido referéndum.

La última encuesta de Metroscopia no dejaba lugar a dudas; el 61 % de los catalanes rechaza la independencia unilateral y el 67 % esta en contra del procedimiento que el gobierno catalán propone para aprobar las llamadas ‘Leyes de desconexión’. Es aleccionador que un 62% de los catalanes ve “pocas o nulas probabilidades de que la independencia de Catalunya sea una realidad”. En caso de unas nuevas elecciones autonómicas, los partidos secesionista pierden fuelle y tendrían muy difícil reeditar una mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Si bien este posible resultado es alentador, lo fundamental aquí no es el número, sino más bien la imposibilidad legal de estas pretensiones.

Después de tanto tiempo mareando la perdiz con el “raca raca” del referéndum y la independencia, llega un momento en que habrá que establecer una linea roja que no se deba poder traspasar.

No entiendo nada. Carles Puigdemont pretende anunciar ya, una fecha y una pregunta para el referéndum. ¿No sería un buen momento para tomar esta declaración como la línea roja, y que PP, PSOE y Ciudadanos visualizarán que juntos no la van a dejar traspasar? ¿Alguien me lo explica?