El hecho es que hoy se ha conocido el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona por el cual tres magistrados “suspenden la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas” a los tres acusados del llamado caso Pallerols, “en tanto no se resuelva el expediente de indulto particular instado por cada uno de ellos”.
El caso nos retrotrae a cuando se destapó la trama de corrupción modelo ‘subvención con untaje de retorno’, es decir: dinero público que se concede a una empresa para realizar determinada acción, y ésta unta convenientemente a los que le han adjudicado la pasta.
El seguimiento de este caso explica por qué los ciudadanos huelen con demasiada frecuencia a podrido en la cosa pública y, lo que es peor, por qué están casi plenamente convencidos de que, salvo muy puntuales excepciones, el político que la hace jamás la paga. Cuando un caso se destapa, de ordinario por la prensa, si es muy escandaloso inicia un iter jurídico lento y sinuoso, catorce años en el caso que nos ocupa. Al final, y siempre que no prescriba o las pruebas no hayan sufrido algún percance irreversible, hay un juicio sobre personas acusadas que, al no estar en la exposición pública, permite una resolución de lo más discreta. En el improbable caso de que del juicio emanara una condena, queda el recurso muy habitual del indulto gubernamental.
El caso Pallerols ha rizado el rizo de la desfachatez e incluye dos nuevas modalidades que perfeccionan el método de salir airoso de la justicia en España. Lo primero es añadir un buen pacto con el fiscal antes del juicio para asegurarse una condena suave. Lo segundo, inventado hoy, lo llamaremos indulto preventivo: dado que el indulto del Gobierno es casi indiscutible, en espera de él se suspende la ejecución de la condena y santas pascuas.
