El hecho es que el secretario general de CDC, diputado autonómico y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol Ferrusola, ha sido finalmente imputado por un presunto delito de tráfico de influencias por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la trama de las ITV, rama catalana del ‘caso Campeón’. La sala Civil y Penal de este Tribunal ve indicios de su presunta vinculación con la supuesta trama delictiva para la concesión irregular de estaciones de ITV y considera que usó presuntamente su «peso político» para conseguir un «beneficio económico para él y/o sus amigos», y que para ello logró incluso el nombramiento de dos cargos en el Departamento de Empresa. El magistrado Enric Anglada refleja en el auto que el líder convergente buscaba adjudicar un lote de estaciones de ITV, «vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados» en el asunto. Como se puede ver una presunta perla de personaje en el arte de mangonearlo todo.

A pesar de que en el Parlamento catalán el heredero in pectore del nosequé de Cataluña reiteró que dimitiría si finalmente era imputado por la trama de las ITV, no ha dimitido de nada y cual señor feudal en CiU simplemente delega sus poderes tanto en el partido (debe ser suyo) como en el grupo parlamentario (a pesar de ser coalición parece propiedad privada hereditaria) y no dimite dejando así la puerta abierta a volver cuando desee y sobre todo a no tener que sufrir un sustituto elegido por alguien. Bendita democracia la de los partidos.

No acaba ahí la peripecia sino que se enroca como diputado (por ello se cobra y además uno se inmuniza) y explica que su imputación es “juego sucio” (no se refiere al presunto tráfico de influencias sino a torcidas maniobras de Madrit) y achaca su dura y generosa decisión de delegar mando y hacienda a “no querer entorpecer el proceso” de la soberanía catalana (las malas conductas parece que no la entorpecen) y afirma que su actuación «está en las antípodas de querer protegerme en la ‘senyera’” (simplemente no cuela).

Con lo fácil que es ser honrado y parecerlo para no estropear nada.

El hecho es que técnicos de Hacienda visitaron el jueves pasado, día 14, varias comisiones de fallas de Valencia, y pidieron los contratos de las distintas fallas con sus respectivos artistas  y diversas facturas de servicios paralelos. Hacienda declaró que se trataba de acciones ordinarias ya previstas. Diversas autoridades valencianas, incluso responsables del PSOE, elevaron su protesta, y lo más fino que dijeron por boca de la alcaldesa de la capital del Turia, fue que hacerlo en estas fechas era “un disparate y un despropósito”. Dado que no dio tiempo, ninguna falla refleja el enfado por dicha acción pero, tiempo al tiempo, veremos el próximo año.

Una vez más este año, y al igual que las chirigotas gaditanas, las fallas son un vivo reflejo de la inquietud ciudadana. Son el CIS real de la calle. Los distintos ninots representan la corrupción, los recortes y el paro; es evidente que la clase política ocupa un lugar muy destacado en este irónico recuerdo. No me podré permitir el lujo -cosas de la crisis- de ir a Valencia a contemplar semejantes obras de arte, tendré que conformarme con las imágenes que den en abierto, pero no tengo duda que el sentido del humor en forma de esculturas quemables, insistirá en las mismas cuestiones que yo modestamente en mi blog hecho en cara a nuestros gobernantes.

Si nuestros políticos quieren dejar de ser nuestra gran preocupación les diré que miren las fallas con cierta atención y descubrirán lo que es el sentir de la calle y sus mensajes. En la cuestión de la corrupción el mensaje es muy fácil: todos aquellos imputados con visos judiciales de culpabilidad deben ser cesados sin dilación ni excusas. En cuanto a los recortes la recriminación es simple: predicar con el ejemplo primero, y antes de haber machacado al pobre ciudadano,  debían haber empezado por recortar estructura en la administración. Sobre el paro la reclamación es unánime y clara: sin fomentar el crecimiento es imposible crear empleo y sin bajar impuestos y tasas es imposible crecer. Ánimo clase política, ya que el programa electoral se quedó en el olvido, al menos y por la vía del chascarrillo leer con calma y aprender de las fallas, tienen la clave.

El hecho es que la Comunidad de Madrid convocó las últimas oposiciones a maestro en noviembre de 2011. Los que aprobaban todas las fases de la oposición podían obtener una de estas plazas. De los demás, y valorando más la antigüedad que los conocimientos, es de donde se han ido contratando a los maestros interinos. Sólo 1.913 de los 14.110 opositores lograron superar la primera fase del proceso selectivo, donde se incluía una prueba de conocimiento. Hoy se han sabido algunos datos de esta prueba que paso a resumir: Tan solo el 13% pudo describir las formas gramaticales en una oración, solo un 1,83% supo por dónde pasan el Duero, Ebro y Guadalquivir y un 7% completa una tabla de equivalencia en el sistema métrico decimal. La conclusión de los expertos es que los que hoy se presentan como profesores suspenderían primaria.

Que la enseñanza, para mí la educación es otra cosa, en España es un desastre, pienso que es de todos conocido. Nuestros alumnos salen mal de primaria y peor de secundaria, y la verdad los estudios superiores no saben hacer milagros: de la nada no sale nada. Tenemos una Ley, la LOGSE, que es una auténtica fábrica de paletos y de momento, después de muchos años, ningún gobierno la ha cambiado. El PP lo intentó, pero el PSOE haciendo ‘casus belli’ de este texto legislativo, nunca ha dejado ni siquiera remozarla. Alguien, un teórico sin duda, decidió que universalizar la educación española quería decir bajar el nivel hasta el arrastre, y que separar a los alumnos bien sea por aptitudes, conocimientos o intereses era discriminatorio. Así nos va. Todos iguales hasta la hecatombe final: felicidades. ¿No será que a un ceporro se le manipula mejor?

El hecho es que en Ponferrada, el PSOE junto al grupo político municipal Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), presentaron una moción de censura que prosperó contra el edil del PP. En este importante ayuntamiento leonés, el PP tiene doce concejales, el PSOE ocho e IAP cinco y dado que el PP no tiene mayoría absoluta, la moción es posible. El PP, y especialmente su alcalde, lanzó el grito al cielo ya que a nadie le gusta que le censuren y democráticamente le birlen la alcaldía. Pero las cosas no son tan fáciles, tienen su coste y no quedó así la cosa. ¿Qué circunstancias hacen que esta moción haya dejado al secretario general del PSOE, Rubalcaba, al descubierto y a su opositora Chacón, ya terminal políticamente hablando, en posición de estar ganando por puntos en este nuevo combate? La moción presentada previamente se sustanció el día 8 de marzo: día internacional de la mujer. El grupo IAP, que hace posible cambiar al PP por el PSOE en la alcaldía leonesa, está liderado por el anterior alcalde del PP, Ismael Álvarez,  que renunció a su cargo, dado que fue condenado por acoso sexual a una concejala de su antiguo grupo.

Carmén Chacón, herida casi de muerte política por su no voto en el Congreso en la cuestión del referéndum catalán, vió su oportunidad y lanzó un tuit-misil en la línea de flotación de la Ejecutiva Federal de Rubalcaba. Decía el tuit: «Es insoportable como socialista q cualquier día pero sb todo hoy,vayamos a gobernar Pontevedra por el voto d 1 acosador sexual.Yo, contraria». Salvado el patinazo geográfico, este tuit reabrió la batalla contra Rubalcaba y supuso un certero golpe -no se si bajo- y el inicio de un nuevo asalto. Don Alfredo y los suyos reculan y obligan a deshacer lo andado. El nuevo alcalde y los ediles socialistas ponferradinos dicen que tarirí que te vi y dejan el PSOE. El secretario de organización del PSOE, Oscar López, asume el marrón y dice que su líder no conocía los detalles. Interviene Griñan, presidente del PSOE, pidiendo responsabilidades y sigue la contienda.

Además de poner en evidencia el caos organizativo y de dirección del partido socialista, el descontrol por parte de su ejecutiva, la bisoñez de algunos de sus altos dirigentes, la división reinante en el partido y las ganas de batalla sin cuartel de la exministra, deja entrever el caos ideológico de lo políticamente correcto, ya genéticamente incrustado en el socialismo español: Todo acusado goza de la presunción de inocencia y toda condena persigue la reinserción; bueno, maticemos: siempre que no se sea de derechas y que no se haya actuado contra la ideología de genero.

El hecho es que la Dirección General de Tráfico (DGT) planea una nueva reforma de los límites de velocidad. Según parece los nuevos límites bajan a 90 ó 50 km/h la velocidad máxima para las carreteras, la suben hasta los 130 km/h en algunos tramos de autopistas y autovías, y la reducen drásticamente en tramos urbanos hasta los 30 km/h, llegando incluso en según que vías a los 20 Km/h. Fuerte bajada en todos; tímida y casi excepcional subida en tramos muy seguros de autopistas en días especialmente buenos climatologicamente. Como el que no quiere la cosa los detectores de radar vuelven a estar prohibidos. Cosas de lo políticamente correcto: a paso de burro se contamina menos, bajan los accidentes, los gobiernos se curan en salud y, no se olviden, nos hinchan a multas.

Bastaría con citar frases del propio PP cuando el archipresente Rubalcaba y con el fin de ahorrar en plena crisis, bajó la velocidad temporalmente en las autopistas a 110 Km/h para poner las nuevas medidas a caldo. Frases como que era una «medida soviética» de Esteban González Pons, o la propuesta justificada de Gustavo de Arístegui, que sugería subir a «140, 150 e incluso a 160» el límite de velocidad en algunos tramos de carretera, son suficiente recordatorio de un PP, el preelectoral, del que no quedan más que las caras. Me viene a la memoria aquella máxima de que si quieres conocer a fulanito dale un carguito. A veces pienso que formar parte de un gobierno estropea el sentido común, al menos transitoriamente, y hace que hasta los cerebros más brillantes obnubilen su intelecto y confundan hasta la terminología: ¿qué es sino una confusión terminológica vender como medioambientales unas medidas solo recaudatorias?

El hecho es que una sentencia de conformidad pactada entre la fiscalía y el empresario andorrano Fidel Pallerols, el exsecretario de organización de Unió  Vicenç Gavaldà, y el ex director general de Trabajo Lluís Gavaldà, supuso para los dos primeros aceptar una condena de siete meses de cárcel por fraude de subvenciones y para el tercero la condena de un año y medio por malversación. Si bien lo previsible era que, por la levedad de las penas, los acusados pudieran evitar la cárcel, los magistrados han estimado que convenía pena de cárcel “para intimidar a todos aquellos ciudadanos/políticos que pudieran sentirse tentados” por la corrupción.

Supongo que la sentencia, que es recurrible, ha sorprendido negativamente a los acusados que confiaban ciegamente en seguir en libertad. Ha caido en gracia a todos aquellos ciudadanos que están escandalizados por la impunidad que de ordinario acompaña a la corrupción en España y ha causado asombro a un amplio sector jurídico que no acierta a entender que la justicia tenga la función de intimidar.

Supongo, tendría su gracia, que todo el affaire no será una maniobra orquestada por el fiscal y los magistrados para llevar a los acusados al huerto y hacerles admitir su culpabilidad y el pago de un buen puñado de euros, dado que la fiscalia no tenía nada claro poder ganar el juicio. Dado que el contenido real de la sentencia es ejemplarizante y supone un soplo de aire fresco a los ciudadanos que consideran la corrupción como el segundo problema de España, no sería mucho pedir que al menos la redactaran correctamente y no posibilitaran -por intentar intimidar– un recurso tan fácilmente.

El hecho es que hoy se ha hecho público el barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), en él aparece la corrupción como la segunda preocupación de los ciudadanos.

La gran preocupación de los españoles sigue siendo el paro para un 79,9%, lógico dado que gobierno y oposición parecen resignados a no hacer nada más que esperar a que el cambio de ciclo económico nos lleve en volandas hacia la creación de empleo.

La segunda gran preocupación, y esto es nuevo a la vez que vergonzoso, es la corrupción y el fraude (40%), y sobre esto tampoco parece que los grandes partidos se den por aludidos. Tibios conatos de ponerse de acuerdo en más control para sus fundaciones y alguna que otra medida sin consenso, son ideas que salen tímidamente de sus bocas.

En teoría es bien fácil, dado el especial momento de crisis económica y con la idea cada día más extendida de que aquí el que no corre vuela, lo que se precisa es un pacto bien fácil: aplicar el código penal sin rebajas ni excepciones y que el que la hace la paga ya sea banquero, empresario, político o carterista. Por cierto si de momento todo imputado con previsión ya de juicio dimitiera, ganaríamos mucho.

El hecho parte de unas declaraciones del Fiscal Superior de Catalunya en las que da a entender que si bien un referéndum sería del todo ilegal, hay que buscar otras vías para conocer la voluntad de los catalanes “porque al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar qué es lo que quiere”. La interpretación que se hace de estas declaraciones, dado que llueve sobre mojado, abunda en la idea de que el susodicho fiscal sintoniza demasiado con el actual Gobierno de la Generalitat. Ya en Noviembre, en plena semana electoral catalana, y a raíz de unas informaciones aparecidas en El Mundo acerca de unas supuestas cuentas en paraísos fiscales de familiares de Jordi Pujol y Artur Mas, Martín Rodríguez Sol inició un proceso de investigación contra el periódico por el supuesto de haber acusado sin pruebas. En él escribió que la información de El Mundo es “radicalmente falsa, mendaz”, cuando lo único que podría haber dicho es que no se apoyaba, según él, en prueba alguna.

A un Fiscal Superior se le pide rigurosidad jurídica, prudencia y sintonía con el Fiscal General, para dirigir a los fiscales que dependen de él en vistas a que la ley se aplique y no se viole. Ayer visto el revuelo organizado, y a pesar de las rectificaciones hechas por Martín Rodríguez Sol, Eduardo Torres-Dulce procedió a iniciar un proceso de remoción al considerar que este ha perdido su confianza. No hay que olvidar que al Fiscal Superior de Catalunya, como al resto, los nombra el Gobierno de la Nación a propuesta del Fiscal General y una vez oído el Consejo Fiscal.  Es por ello que la confianza es vital y con estas actuaciones la ha perdido. Solo una duda: dado que la presión nacionalista en Catalunya va a más y que el fiscal actual profesionalmente es idóneo, ¿no es mejor un buen capón que buscar otro? Pienso que si, pero Martín Rodriguez Sol ha presentado su renuncia y Torres-Dulce la ha aceptado, lástima.